La Organización de Profesionales del Estado de Chile (OPECh) acusó que el reajuste salarial acordado para el sector público en 2026, de un 3,4%, “daña” a sus familias ante el deterioro de la situación económica que viven. Arremetieron, por “desprecio”, contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el titular del Trabajo y la directora de la Dirección de Presupuestos.
Ayer miércoles, el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público firmaron el acuerdo que puso término a las negociaciones al respecto.
Desde el Ministerio de Hacienda detallaron que el acuerdo incluyó un reajuste gradual de las remuneraciones hasta el 3,4%; y que en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos el ajuste será del 5%.
Sin embargo, desde la OPECh criticaron lo acordado.
“(…) El Estado no se hace cargo del deterioro de nuestra capacidad económica al siquiera devolver la inflación que se registrará para el 2025, en torno al 4% según la nueva estimación del INE y el Banco Central”, argumentó la organización.
Aseguró, seguidamente, que como nuevo referente de los profesionales del Estado irán “a defender nuestras posiciones y acuerdos de pedir un 5% de aumento real, que sí se hace cargo de compensar el costo de la vida de los últimos doce meses y nos da un pequeño margen extra (…)”.
“Hemos recibido desprecio”
En un comunicado, los Profesionales del Estado aseguraron que, en el marco de las negociaciones, recibieron “el total desprecio del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la directora de Dipres, Javiera Martínez; y del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo”.
Por ello, pretenden defender su posición ante las Comisiones de Hacienda y Trabajo en el Congreso.
“No queremos apuntar a quienes tomaron la decisión de aceptar el 3,4% gradual, porque cada gremio tiene su autonomía y libertad de acción, pero, sin embargo, creemos que es retroceso grave del principio básico sindical de mejorar y no perder derechos y garantías”, refutaron.
Por último, indicaron que a su juicio la propuesta del Gobierno de entregar ese 3,4% de forma escalonada, con pagos en diciembre y julio “vulnera los derechos laborales y precariza aún más la economía personal y familiar de cada servidor público”.
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