Luego de querellarse ante el Ministerio Público y denunciar en la PDI posibles delitos con documentos falsificados en la Municipalidad de Puente Alto, el alcalde Matías Toledo reveló que un funcionario municipal, proveniente de la administración del exalcalde Germán Codina, podría estar involucrado.
Consultado por BioBioChile, el jefe comunal se refirió a la posible implicación del extrabajador del municipio.
“Existen indicios que podrían sustentar la participación de un funcionario que viene de la administración anterior, y esta gestión actual lo tiene en investigación por otros hechos en los cuales también estaría involucrado; producto a esto se instruyó sumario de inmediato”, declaró Matías Toledo.
Recordemos que el alcalde Toledo acusa posibles delitos con documentos falsificados en Puente Alto. Esto, mediante el cobro de dos facturas por más de $1.000 millones, lo que podría significar una posible estafa y fraude al fisco. Además, denunció la falsificación de un decreto alcaldicio y el uso de facturas ideológicamente falsas.
Toledo y la denuncia de posibles delitos en el municipio de Puente Alto
En respuesta a BBCL, el alcalde Toledo aseguró que la empresa Pacific Green, involucrada en el requerimiento de pago de dos facturas a través de los factoring Tanner y Finameris, no tiene más contratos con el municipio.
Además, indicó que la querella fue presentada el jueves de esta semana, por lo que no ha sido proveída y la PDI tampoco ha sido encargada, de momento, de realizar diligencias.
Actualmente, Toledo dice que la municipalidad tiene el convencimiento de lo denunciado.
“Falsificación de instrumento público (decreto municipal evidentemente adulterado) y la existencia de facturas ideológicamente falsas (son materialmente válidas según SII, pero su contenido es falso, se extienden por servicios prestados y pagados con anterioridad o inexistentes)”, enfatizó.
En lo que se refiere a la calidad de víctima del municipio, esta se vincula con los delitos de estafa o fraude al fisco, pues es “una situación de riesgo inminente“.
“Si bien es cierto que la municipalidad no ha aceptado las facturas factorizadas, eventualmente las podrían cobrar vía judicial, y puesto en la obligación de pagar, seríamos víctimas de ambos delitos”, advirtió el jefe comunal.
En lo que respecta al ilícito de estafa, se configura si los ejecutores son privados, y fraude al fisco, si estos son funcionarios o privados.
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