Esta mañana, la Municipalidad de Renca demolió una vivienda vinculada a una peligrosa banda de narcotraficantes llamados “Los Chica Fila”, liderada por una mujer que se encuentra privada de libertad.
En el marco de la estrategia de recuperación de barrios impulsada por Renca, el municipio junto a diferentes autoridades concretó la demolición total de la vivienda ubicada en la población Santa Emilia.
Demolición de casa narco
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Delegación Presidencial RM y distintos equipos municipales con el fin de cumplir la sentencia del Juzgado de Policía Local (JPL) y al decreto municipal que ordenó la demolición del inmueble.
Se trata de una vivienda que fue históricamente utilizada como punto de tráfico de drogas y acopio de sustancias ilícitas. Además, según indicó el municipio, el pasado julio de 2024 en este lugar, miembros de la banda también habrían cometido el homicidio de Jairo Vásquez Guerrero.
La acción se enmarca en la intervención del Programa Somos Barrio. El plan, coordinado entre el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito, busca abordar la seguridad implementando proyectos de mejoramiento urbano. Desde su instalación, la comunidad ha desarrollado más de 11 encuentros comunitarios.
“El Estado está trabajando”
El alcalde de Renca, Claudio Castro, expresó que “en Renca no hay espacio para la impunidad” y destacó la demolición de la casa, ya que “este lugar estuvo asociado a homicidios, balaceras y miedo. Hoy, en cambio, hay una comunidad que recupera parte de su tranquilidad”.
Bajo este contexto, agregó que “la demolición de hoy marca un hito: el Estado está trabajando” e indicó que en el lugar quedará un cierre transparente y un punto de iluminación.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró la medida: “Para poder recuperar la tranquilidad de los barrios es necesario llevar a cabo acciones eficaces que enfrenten la inseguridad hay en lugares como este”.
Tras el operativo, la resolución del JPL condenó a la propietaria a pagar $5.762.567 por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Además de 8 UTM por infracciones a la Ley de Rentas Municipales, ordenando además la demolición total de las construcciones irregulares.
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