El decreto que no llevó el nombre de quienes hicieron posible la educación universitaria de mujeres

Cada 6 de febrero se conmemora en Chile el llamado Decreto Amunátegui, firmado en 1877 por el entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui.

El relato más difundido sostiene que este decreto permitió por primera vez que las mujeres rindieran exámenes universitarios y accedieran a la educación superior en igualdad de condiciones que los hombres. Aunque esa afirmación es formalmente correcta, resulta históricamente incompleta.

Antes de que ese decreto fuera firmado, las mujeres ya habían demostrado, con trabajo pedagógico concreto, sostenido y sistemático, que eran plenamente capaces de cumplir con los mismos requisitos académicos exigidos por la universidad chilena del siglo XIX. Lo que faltaba no era capacidad intelectual, sino el reconocimiento institucional de una evidencia que ya existía.

Ese trabajo previo tuvo nombre y apellido: Antonia Tarragó González e Isabel Le Brun Reyes.

Durante décadas, la exclusión de las mujeres de la educación universitaria no se sostuvo en una prohibición legal explícita, sino en una arquitectura educativa profundamente sexista. Los planes de estudio, la pedagogía, los sistemas de evaluación y los saberes considerados legítimos habían sido diseñados exclusivamente para varones. No porque las mujeres no pudieran aprenderlos, sino porque simplemente no se esperaba que lo hicieran.

Frente a ese escenario, Tarragó y Le Brun no pidieron excepciones ni privilegios. No solicitaron que se rebajaran los estándares académicos para las mujeres. Hicieron algo mucho más radical: crearon instituciones educativas, diseñaron planes de estudio equivalentes a los masculinos, formaron a sus estudiantes en historia, matemáticas, filosofía, ciencias y lenguas clásicas, y exigieron que sus alumnas fueran evaluadas bajo las mismas condiciones que los hombres.

Antonia Tarragó, desde el Liceo Santa Teresa, e Isabel Le Brun, desde el Liceo de la Recoleta, demostraron en la práctica que las mujeres podían rendir con éxito los exámenes de bachillerato exigidos por la Universidad de Chile. Presentaron programas, insistieron ante el Consejo Universitario, sostuvieron la presión institucional durante años y enfrentaron resistencias políticas, religiosas y culturales que hoy cuesta dimensionar.

Cuando finalmente el decreto fue firmado en febrero de 1877, no inauguró un proceso. Lo formalizó. El Estado chileno no concedió un derecho que antes no existía, sino que reconoció tardíamente una realidad que dos educadoras habían construido contra todo pronóstico.

Sin embargo, la historia fue narrada de otro modo. El decreto quedó asociado al nombre del ministro que lo firmó, mientras los nombres de las mujeres que hicieron posible ese cambio estructural fueron progresivamente desplazados a notas al pie, estudios especializados o memorias académicas. Una vez más, el gesto administrativo masculino eclipsó el trabajo pedagógico y político femenino.

Este desplazamiento no es casual. Responde a una lógica histórica persistente, tendemos a recordar los cambios sociales a través de actos legales y figuras de poder, y a olvidar los procesos educativos, colectivos y femeninos que los hacen posibles.

Reconocer a Antonia Tarragó e Isabel Le Brun no es un gesto simbólico ni una corrección anecdótica. Es una forma de comprender cómo se transforman realmente las instituciones educativas, no desde decretos aislados, sino desde disputas profundas sobre quién puede producir conocimiento, quién puede enseñarlo y quién es considerado intelectualmente legítimo.

Hoy, cuando seguimos discutiendo sobre igualdad de género en la educación, conviene recordar esta historia completa. No solo para hacer justicia con quienes fueron borradas, sino también para entender que los cambios estructurales no comienzan en el papel oficial, sino en las aulas, en la pedagogía y en la valentía de quienes se atreven a desafiar los límites impuestos.

A Isabel Le Brun y Antonia Tarragó estamos agradecidas por su legado y por haber impulsado transformaciones estructurales que abrieron, de manera irreversible, el acceso de las mujeres a la educación superior en Chile.

Carola Pía Naranjo
Dra. en Psicología.
Especialista en género y políticas de inclusión.
Directora Consultora Etnográfica.