La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se querelló contra el liquidador de la Universidad del Pacífico, buscando hacerse parte del proceso investigativo que se sustancia en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Además, la entidad estatal propuso algunas diligencias al Ministerio Público.
Una nueva querella en contra sumó el liquidador de la Universidad del Pacífico, Carlos Parada Abate, en la causa por delitos de negociación incompatible, de ventajas indebidas al acreedor y como inductor del delito de falsificación de instrumento público donde actualmente figura como imputado.
La acción judicial fue interpuesta ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
A través del escrito de 28 páginas, dirigido directamente en contra de Parada Abate, el organismo estatal se hizo parte del proceso judicial y además, propone al Ministerio Público algunas diligencias.
En efecto, el documento replica los hechos detallados en la querella que hace unos días presentó en la misma causa el Consejo de Defensa del Estado.
Así las cosas, se pone foco en el tinglado que habría conformado Parada, junto a un grupo de cercanos, buscando solicitar y decretar la liquidación forzosa de la Universidad del Pacífico y por consiguiente, ser designado él como liquidador concursal en dicho proceso.
De acuerdo a los antecedentes presentados, las maniobras incluyeron dos notificaciones fraudulentas relacionadas a la quiebra, realizadas por el propio Cortés a cambio de $60 mil.
Así, se agrega, las acciones de Parada le permitieron proporcionar ventajas indebidas un amigo por montos totales que superan los $7.400 millones. Todo ello, en directo perjuicio de los demás acreedores y de la propia empresa deudora.
En esta nueva presentación, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento propuso a la Fiscalía Metropolitana Oriente que se despache una orden de investigar amplia con el objeto de establecer los hechos que son materia de la querella.
Además, se sugiere que se le tome declaración a Parara Abate y a Alfonso Vásquez Parker, representante legal de Paseo San Damián S.A. y Abundancia SpA, acreedor de la liquidación forzosa de la casa de estudios.
Asimismo, se propone que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y de Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional gestione el levantamiento patrimonial de todos los imputados en la investigación.
