En libertad quedaron los 5 exfuncionarios de Carabineros que presuntamente participaban de una banda que se dedicaba al tráfico de armas de fuego, las cuales eran vendidas a diversas organizaciones delictuales en Talagante.
Luego de 13 horas de audiencia de formalización, el tribunal desestimó la prisión preventiva en contra de los 31 detenidos, ya que a su juicio no hay antecedentes que configuren una asociación ilícita debido a que no se habrían generado papeles jerárquicos en esta organización.
Los líderes de esta banda criminal serían cuatro carabineros retirados de la institución y un sargento de la 23º Comisaría de Talagante, a quienes se les acusa de vender armas nuevas en $2 millones con documentos falsos o adulterados para que pasaran como armamento legal.
El modus operandi consistía en convencer a personas sin antecedentes policiales para inscribir armas a su nombre. Luego, un siquiatra habría realizado los exámenes para que éstas quedaran operativas para el uso.
Luego de que tribunal rechazara la prisión preventiva para los exuniformados, el fiscal Heriberto Reyes calificó la situación como un revés procesal y anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones.
El subprefecto Alejandro Mena, jefe de la prefectura occidente de la PDI, detalló que las 118 armas que fueron inscritas de forma irregular estarían en manos de bandas criminales.
El hecho repercutió incluso en el Gobierno. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, advirtió que los funcionarios policiales que sean parte de actos ilegales serán sancionados de forma inmediata.
Del resto de los imputados, 12 de ellos quedaron con la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional, mientras que otras 13 personas quedaron con arresto domiciliario total.
Un nuevo caso de presunta irregularidad dentro de Carabineros, que se da a casi una semana de que 6 exfuncionarios de la institución policial fuesen detenidos por su posible participación en delitos ocurridos en la zona occidente de la capital.
