La contralora general de la República, Dorothy Pérez, advirtió que el financiamiento de emergencias como los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y el Bío Bío podría comprometer los recursos previstos para el reajuste del sector público.
Esto en el marco de la votación de la Ley de Reajuste al Sector Público programada para las 15:00 horas en la Comisión de Hacienda del Senado.
Pérez deslizó que, como esa línea de presupuesto probablemente deberá ir a financiar el apoyo de la emergencia, no tendría que considerarse como provisiones del Presupuesto 2026 que aporten al financiamiento de dicho reajuste.
“Quisiera hacer presente que estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste, de modo que efectivamente, en estas líneas, podría uno obtener recursos, pero estos recursos también tienen otras finalidades. Y en este punto quiero hacer especialmente presente que cuando uno alude a líneas de presupuesto, en las cuales financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”, señaló.
Por su parte, desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) insistieron en que las provisiones que están dispuestas no son suficientes para financiar el reajuste, por lo que se requerirá del orden de US$822 millones que deberían obtenerse a través de reasignaciones o de mayor uso de las provisiones.
Respecto a los montos de asignaciones, Benavides sostuvo que estas deben cubrir los gastos aleatorios comprometidos en las leyes permanentes respectivas, incluyendo las cotizaciones previsionales de los recursos de libre disponibilidad de la reciente reforma de pensiones.
Además, indicó que el margen remanente de la asignación 104, que son aproximadamente US$ 345 millones, debe asegurar disponibilidad de dineros para emergencias y otras contingencias.
“Respecto de las provisiones, gasto estimable, es la que se ha utilizado para afrontar imprevistos y emergencias. El margen remanente que queda en la asignación 104, de US$ 345 millones, debe asegurar disponibilidad para financiar emergencias”, expresó.
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