Familiares de víctimas de la dictadura volvieron a protestar en las puertas del Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, esta vez no por la ausencia de investigaciones, ni condenas, sino que por los beneficios a reos por delitos de lesa humanidad.
Las dirigentes Lorena Pizarro y Alicia Lira entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quejándose por la libertad condicional a exmilitares condenados por secuestros y homicidios calificados.
Lira advirtió que seguirán con las acciones de protesta y ante tribunales internacionales, criticando al presidente de la sala penal que aplicó estos beneficios, el ministro Hugo Dolmestch.
En conversación con Radio Bío Bío, el defensor público nacional, Andrés Mancke, advirtió que los condenados deben cumplir “altos estándares” para acceder al beneficio de la libertad condicional en casos de delitos de lesa humanidad.
Dolmestch aclaró que estos fallos no son una doctrina, pues la ley no establece que las resoluciones contemplen jurisprudencia y descartó que se trate de una decisión política.
Uno de los abogados de los exuniformados, Raúl Meza, apuntó al exministro Milton Juica como el responsable de una doctrina que burlaba los derechos de los reos por delitos de lesa humanidad.
Se sumaron dos fallos más para este tipo de reos, que benefició a los exuniformados Moisés Retamal Bustos y Emilio de la Mahotierre. Este último fue piloto de la denominada Caravana de la Muerte. Sin embargo, fue procesado por lanzar cuerpos al mar, amarrados con rieles, frente a la costa de Quintero. Por esto no saldrá en libertad gracias a un recurso que interpuso la abogada Magdalena Garcés.
En los próximos días debería salir otro fallo de la Corte Suprema, por el exoficial Felipe Polanco, piloto de la Caravana de la Muerte, condenado por el crimen del argentino Bernardo Lejderman, y su cónyuge, María del Rosario Avalos Castañeda.
