El Instituto de Derechos Humanos denunció como ilegal el inminente desalojo de la toma Juan Riquelme, medida que el Ministerio de Obras Públicas ejecutaría en cuestión de días.
Fue un crimen hace unos días lo que aceleró el proceso, llevando al MOP, dueño del paño ubicado en el camino a Cabrero, en la región del Bío Bío y ocupado por un centenar de personas desde el año 2018, a invocar la Ley de Usurpaciones.
Además de la denuncia a la Fiscalía por el delito de usurpación, Obras Públicas comenzó con la Delegación Presidencial un proceso que derivaría en el desalojo de las familias que viven en la toma del sector Juan Riquelme.
Inminente desalojo de toma Juan Riquelme en Concepción
Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la erradicación por la fuerza sería ilegal y por eso el recurso de protección, explicó la directora del organismo en la región, Carolina Chang.
“Es un paño fiscal, donde efectivamente esta toma existe desde hace varios años, pero habrían cometido el delito bajo el ministerio de la antigua ley. Por ende, a nuestro juicio por ahora, y también compartido con otros jueces que también han declarado ilegal algunas detenciones, no sería aplicable la nueva Ley de Usurpaciones, lo que estaría haciendo el Estado”, explicó.
Para el Gobierno, sin embargo, la nueva Ley de Usurpaciones es lo que corresponde en este caso y por eso el desalojo que se prepara, medida que se ejecutará sí o sí, dijo Humberto Toro esta semana, en su calidad de delegado presidencial subrogante.
Según detalló Toro, se han entablado conversaciones con las personas que ahí habitan, por lo que las “coordinaciones están establecidas”.
“Por lo tanto, tenemos que ser responsables desde el punto de vista de lo que nos indica la ley, y por tanto, la medida está asumida respecto a lo que dice la normativa: Va a venir el desalojo“, concluyó.
La solicitud del INDH
Lo que pide el INDH a la Corte de Apelaciones de Concepción, es que ordene aplicar la antigua legislación.
Esto obliga a que previo al desalojo, las personas en una toma sean reubicadas en un lugar digno, que sea una solución habitacional definitiva o al menos que se comience el proceso en esa dirección, subrayó la abogada Chang.
“Aquí hay que proteger niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, de tercera edad, y en general estas personas requieren de algún tipo de solución habitacional de forma digna”, enfatizó Chang.
La acción legal fue admitida a trámite por el tribunal de alzada, pero rechazando una orden de no innovar que hubiese paralizado el desalojo, medida que se mantiene y que contempla el traslado de la toma Juan Riquelme temporalmente a un establecimiento educacional.
