Consejeros regionales aseguran que las asesorías jurídicas externas, contratadas por el Gobierno Regional del Bío Bío en el último tiempo, suman cerca de 100 millones de pesos, incluida la del abogado defensor de Rodrigo Díaz. Respecto de esa contratación puntual es que tres cores pidieron el pronunciamiento de la Contraloría.
A la Contraloría Regional llegó la polémica sobre la defensa del gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, ante el Ministerio Público por el Caso Convenios, a cargo del abogado Marcelo Torres Duffau.
De acuerdo a un antecedente extraoficial que manejan los consejeros Gabriel Torres, Piero Blas y Javier Sandoval, el profesional estaría prestando sus servicios a un costo de 47 millones de pesos para el Gobierno Regional.
Ante la posibilidad de que esa contratación sea incluso ilegal, dijo el core Gabriel Torres, es que decidieron pedir el pronunciamiento de la Contraloría del Bío Bío, subrayando que en los tres abogados externos contratados desde julio hay un desembolso de casi 100 millones de pesos.
El requerimiento, agregó el consejero Blas, es la herramienta más rápida que pueden usar para dilucidar la posible irregularidad.
Consultado si no habría sido más rápido la solicitud de un informe a los abogados del GORE, Javier Sandoval señaló que esos profesionales no tienen ninguna independencia para entregar una opinión, ni siquiera jurídica.
Por su parte, el gobernador Regional, Rodrigo Díaz, insistió en que la contratación de Marcelo Torres se ajusta a la legalidad.
Además de Torres, están contratados como abogados externos Ximena Sepúlveda, por 25 millones de pesos, y el excontralor Manuel Cerda, por otros 37 millones de la moneda nacional.
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