Tras la polémica sesión del viernes pasado, que terminó con Carabineros restringiendo el acceso, los consejeros regionales aseguran que persisten las dudas sobre los traspasos de dinero del GORE a fundaciones.
Consejeros regionales pidieron una nueva sesión extraordinaria del Consejo Regional del Bío Bío, para que se aclaren dudas por los convenios suscritos entre el GORE y fundaciones.
La solicitud fue realizada por los consejeros Gabriel Torres, Javier Sandoval, Piero Blas, Yanina Contreras y Camila Arriagada, quienes aseguran que siguen habiendo interrogantes respecto a los dineros entregados por el Gobierno Regional a distintas fundaciones, luego de la polémica sesión del pasado 11 de agosto, en la que participó el gobernador Rodrigo Díaz.
El consejero regional Javier Sandoval dijo que insistirán con esta herramienta para conocer la información relativa a los recursos que ha entregado el Gobierno Regional a diversas fundaciones. Esperan que se cite para el próximo 29 de agosto.
Recordemos que, en el contexto de este caso, el pasado 8 de agosto se allanó el domicilio de Rodrigo Alarcón, exjefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz. Su abogado, Andrés Durán, solicitó una audiencia al tribunal de garantía para que su defendido pueda conocer los delitos que se le están imputando.
Por otro lado, en relación a la indagatoria que sigue la Fiscalía por los contratos entre la fundación Urbanismo Social y el Serviu, fue citada a declarar la seremi de vivienda Claudia Toledo, quien además confirmó que la PDI incautó documentación de la repartición.
La diputada de la UDI, Flor Weisse, solicitó aclarar los nexos entre Revolución Democrática y las asignaciones de estos contratos a Urbanismo Social, y pidió citar a declarar a la delegada presidencial Daniela Dresdner, considerando que trabajó en dicha fundación.
La delegada respondió que está disponible para entregar los antecedentes que sean necesarios a la justicia en caso de ser citada a declarar.
Recordemos que son cuatro los contratos que el Ministerio Público está investigando entre el Serviu del Bío Bío y la fundación Urbanismo Social, los que suman más de $530 millones.
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