A cinco años de presentada la denuncia por un desfalco cercano a los 1.500 millones de pesos, se materializó la formalización de dos exadministradores del Instituto San Pedro, pero por un monto menor, correspondiente a 80 cheques depositados a una cuenta corriente y que correspondía a las ç mensualidades canceladas por apoderados.

El Ministerio Público formalizó a dos ex administradores del Instituto San Pedro, en la región del Bío Bío, cuyos sostenedores denunciaron hace cinco años un fraude cercano a los 1.500 millones de pesos. Los cargos, sin embargo, no incluyen la estafa denunciada respecto de las subvenciones escolares, sólo abordando dineros pagados por apoderados y de ahí la crítica de los querellantes a la Fiscalía.

Fue el 2018 cuando los entonces nuevos sostenedores del Instituto San Pedro presentaron la primera denuncia y querella, esto al percatarse de un millonario hoyo financiero atribuido a la anterior administración del colegio particular subvencionado.

Se apuntó como responsables al exdirector Julio Figueroa y al ex administrador Alvaro Hinojosa, quienes después de cinco años fueron imputados, pero sólo por el delito de apropiación indebida, con relación a dineros por concepto de mensualidades canceladas por apoderados.

Entre los antecedentes para sustentar los cargos formulados, la fiscal Marcela Barahona detalló ante el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz algunos de los cheques que Figueroa depositó y cobró a su nombre.

“Al menos 8 apoderados pagaron los servicios educacionales, mediante cheques, procediendo el imputado a depositarlos y cobrarlos a su propio nombre”, precisó.

Enfrentarán cargos por depósitos de 80 cheques

Si bien los querellantes admitieron como un logro la imputación, el abogado del Instituto San Pedro, José Vargas, criticó la lentitud de una investigación que además, dijo, involucra un mínimo de las platas defraudadas, ya que sólo están investigados por el depósito a una cuenta corriente de 80 cheques por un perjuicio de 8 millones de pesos. Monto que tildó de “insignificante”.

Para el abogado Vargas, más graves son los otros delitos denunciados -el fraude al Fisco, la malversación de caudales públicos y el lavado de activos-, ya que tienen que ver con las subvenciones entregadas por el Ministerio de Educación y que los imputados desviaron ilegalmente, aseguró.

Requerido sobre los cargos por apropiación indebida y el procedimiento abreviado fijado para octubre, y para el cual sus clientes se allanaron, el abogado defensor Mauricio Venegas indicó que no haría declaraciones.