Región del Bío Bío
Viernes 02 agosto de 2019 | Publicado a las 18:08
La trama judicial y familiar que mantiene al Instituto San Pedro al borde del desalojo
Por Manuel Cabrera
La información es de Cristián Valdebenito
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Posibles fraudes al Fisco, arrendamientos que nunca se pagaron y una completa trama judicial y familiar se advierte en el caso del Instituto San Pedro que est√° ad portas de dejar a casi 900 estudiantes sin el inmueble que han ocupado por m√°s de medio siglo.

En espec√≠fico, son 880 los alumnos que hoy est√°n en la incertidumbre respecto a la continuidad de clases en el recinto educacional que ha albergado a generaciones durante 56 a√Īos.

Un entramado judicial entre los administradores, los de antes y los de ahora, en medio de una telara√Īa que involucra denuncias cruzadas y un inminente desalojo.

Herencia

La fundadora del Instituto San Pedro, Rebeca Gonz√°lez, hizo una sociedad comercial el 2011 para la administraci√≥n del recinto educacional, quedando ella con el 98% del control, su sobrino √Ālvaro Hinojosa con el 1% y Julio Figueroa con el restante 1%.

Posteriormente, se registra una modificaci√≥n de esa relaci√≥n con dos elementos: ceder gratuitamente el inmueble donde funciona el colegio -con aval√ļo de 2.000 millones de pesos- a la sociedad y dejar los porcentajes de participaci√≥n en un 2,08% para Hinojosa y Figueroa (que adem√°s quedaron con la representacion legal) y permaneciendo la fundadora con el 95,84%.

Con 86 a√Īos, la salud de Rebeca comienz√≥ a deteriorarse y fallece el 2015, dejando un testamento cerrado donde lega el proyecto a sus 9 sobrinos, con la exigencia de que sigan funcionando como establecimiento educacional.

En medio de todo este proceso, vino el cambio de modalidad por la Ley de Inclusi√≥n, por lo que se requiri√≥ la creaci√≥n de una corporaci√≥n sin fines de lucro, para lo que los herederos generaron un compromiso: crear una escritura de arrendamiento del inmueble y vender -en el plazo de un a√Īo- a la corporaci√≥n, comenzando con los preparativos de autocompra en 3 meses dispuestos en el contrato de transacci√≥n.

En ese sentido, tambi√©n se pidi√≥ un informe de rendici√≥n de cuentas de los a√Īos 2013-2017.

Por mientras, el 27 de junio del 2017 se crea la Corporaci√≥n Educacional Instituto San Pedro, para luego ser aprobados sus estatutos el 14 de julio de ese a√Īo, mientras que el 10 de noviembre asume la calidad de sostenedor del colegio.

En diciembre de 2017 se hacen reuniones extraordinaria para exigir los estados financieros, que nunca llegar√≠an, por lo que se destituye a Julio Figueroa como representante legal, quedando s√≥lo con su calidad de director; asumiendo en abril de 2018 otra sobrina, Lorena Gonz√°lez, quien tras constantes roces con los ahora exadministradores, reci√©n logr√≥ ingresar al recinto en septiembre de ese a√Īo.

Denuncias y contraofensiva

En la ma√Īana del 10 de septiembre de 2018 logr√≥ ingresar por primera vez Lorena Gonz√°lez al recinto educacional del que era represente legal, esto gracias a una resoluci√≥n que la reconoce formalmente con ese cargo y tras una larga investigaci√≥n donde se descubre, entre otros elementos, que la subvenci√≥n de casi 100 millones de pesos mensuales -adem√°s de cheques de financiamiento compartido de los apoderados- nunca dejaron de depositarse en las cuentas de la Sociedad controlada por Hinojosa y Figueroa.

De acuerdo a lo afirmado por González a Radio Bío Bío el pasado 19 de junio, en el marco de su primera manifestación para visibilizar los hechos, esto era sólo la punta del iceberg.

Todo esto como consecuencia de dos auditorías, y con un establecimiento que estaba deteriorado, sucio, con problemas sanitarios y falta de infraestrctura que -dicen en la actual administración- hacía evidente la falta de inversión.

En ese sentido, en abril de 2018 se realiza una querella por fraude al fisco, malversaci√≥n de caudales p√ļblicos y lavado de activos que se asigna al fiscal Nelson Vigueras, para que se determine el destino de m√°s de 1.500 millones de pesos por concepto de subvenci√≥n del Estado, copago de apoderados y beneficios a profesores que nunca se entregaron.

A su vez, los anteriores administradores fueron despedidos por supuestas irregularidades ocurridas entre el 2014 y 2017, considerando arriendos desde la Sociedad a la Corporación del inmueble que no se exigieron ni cancelaron (aunque se rendían) y el compromiso de compra que tampoco se hizo efectivo.

Estas son las situaciones que darían paso a la contraofensiva de Hinojosa y Figueroa, ya desvinculados de la Corporación, y que a través de un juicio de arrendamiento que el Tercer Juzgado Civil de Concepción resolvió hace unos días a su favor determinó que la actual sostenedora deberá pagar 114 millones de pesos por conceptos de arriendo no cancelados, más 325 millones por indemnización de perjuicios.

Como si fuera poco, la Superintendencia de Educaci√≥n que durante a√Īos no habr√≠a detectado la rendici√≥n de 206 millones de pesos para arriendos que nunca se concretaron, mult√≥ con casi $25 millones adicionales a la actual Corporaci√≥n.

Orden de desalojo inminente

Tras la resolución del tribunal, se terminó el contrato de arriendo, por lo tanto el recinto debe ser desalojado en un plazo de 10 días a partir de la notificación.

Esto ha derivado en la movilización de los funcionarios, apoderados y alumnos en distintas instancias para visibilizar la compleja situación en la que se encuentran.

Dicen que son una “familia”, que hay profesores y apoderados comprometidos y que las condiciones de incertidumbre est√°n afectando la tranquilidad que los alumnos necesitan para estudiar.

Se barajan alternativas judiciales: de partida la apelación, también un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y/o la presentación de recursos de protección.

En t√©rminos administrativos, en √ļltima instancia, incluso se plantea que el Ministerio de Educaci√≥n -a trav√©s de la Superintendencia de dicha cartera- nombre un administrador provisional, declarando el embargo del inmueble.

Y en tercera l√≠nea, que avance la querella por fraude a fisco, malversaci√≥n de caudales p√ļblicos y lavado de activos que est√° en manos del fiscal Vigueras, que ha recibido cr√≠ticas por la nula celeridad que -dicen- le ha dado al caso.

El abogado de la Corporaci√≥n Instituto San Pedro, Jos√© Vargas, lamenta que la institucionalidad haya fallado por tantos a√Īos.

¬ŅY qu√© ha hecho la Fiscal√≠a?

Radio B√≠o B√≠o consult√≥ en el Ministerio P√ļblico la posibilidad de contar con una declaraci√≥n del fiscal Nelson Vigueras para conocer el estado de la investigaci√≥n que podr√≠a dejar a 880 estudiantes sin su establecimiento educacional, pero √©ste desisti√≥ referirse a la causa por ser “una investigaci√≥n en pleno desarrollo, (en la que) se han decretado diligencias”.

Consultado tambi√©n por una entrevista al abogado Mauricio Venegas, que representa a Hinojosa y Figueroa, se excus√≥ en dos ocasiones de entregar la posici√≥n de contraparte, asegurando que “no se ha reunido con sus representados para tratar el tema”.

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