Posibles fraudes al Fisco, arrendamientos que nunca se pagaron y una completa trama judicial y familiar se advierte en el caso del Instituto San Pedro que está ad portas de dejar a casi 900 estudiantes sin el inmueble que han ocupado por más de medio siglo.
En específico, son 880 los alumnos que hoy están en la incertidumbre respecto a la continuidad de clases en el recinto educacional que ha albergado a generaciones durante 56 años.
Un entramado judicial entre los administradores, los de antes y los de ahora, en medio de una telaraña que involucra denuncias cruzadas y un inminente desalojo.
Herencia
La fundadora del Instituto San Pedro, Rebeca González, hizo una sociedad comercial el 2011 para la administración del recinto educacional, quedando ella con el 98% del control, su sobrino Álvaro Hinojosa con el 1% y Julio Figueroa con el restante 1%.
Posteriormente, se registra una modificación de esa relación con dos elementos: ceder gratuitamente el inmueble donde funciona el colegio -con avalúo de 2.000 millones de pesos- a la sociedad y dejar los porcentajes de participación en un 2,08% para Hinojosa y Figueroa (que además quedaron con la representacion legal) y permaneciendo la fundadora con el 95,84%.
Con 86 años, la salud de Rebeca comienzó a deteriorarse y fallece el 2015, dejando un testamento cerrado donde lega el proyecto a sus 9 sobrinos, con la exigencia de que sigan funcionando como establecimiento educacional.
En medio de todo este proceso, vino el cambio de modalidad por la Ley de Inclusión, por lo que se requirió la creación de una corporación sin fines de lucro, para lo que los herederos generaron un compromiso: crear una escritura de arrendamiento del inmueble y vender -en el plazo de un año- a la corporación, comenzando con los preparativos de autocompra en 3 meses dispuestos en el contrato de transacción.
En ese sentido, también se pidió un informe de rendición de cuentas de los años 2013-2017.
Por mientras, el 27 de junio del 2017 se crea la Corporación Educacional Instituto San Pedro, para luego ser aprobados sus estatutos el 14 de julio de ese año, mientras que el 10 de noviembre asume la calidad de sostenedor del colegio.
En diciembre de 2017 se hacen reuniones extraordinaria para exigir los estados financieros, que nunca llegarían, por lo que se destituye a Julio Figueroa como representante legal, quedando sólo con su calidad de director; asumiendo en abril de 2018 otra sobrina, Lorena González, quien tras constantes roces con los ahora exadministradores, recién logró ingresar al recinto en septiembre de ese año.
Denuncias y contraofensiva
En la mañana del 10 de septiembre de 2018 logró ingresar por primera vez Lorena González al recinto educacional del que era represente legal, esto gracias a una resolución que la reconoce formalmente con ese cargo y tras una larga investigación donde se descubre, entre otros elementos, que la subvención de casi 100 millones de pesos mensuales -además de cheques de financiamiento compartido de los apoderados- nunca dejaron de depositarse en las cuentas de la Sociedad controlada por Hinojosa y Figueroa.
De acuerdo a lo afirmado por González a Radio Bío Bío el pasado 19 de junio, en el marco de su primera manifestación para visibilizar los hechos, esto era sólo la punta del iceberg.
Todo esto como consecuencia de dos auditorías, y con un establecimiento que estaba deteriorado, sucio, con problemas sanitarios y falta de infraestrctura que -dicen en la actual administración- hacía evidente la falta de inversión.
En ese sentido, en abril de 2018 se realiza una querella por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos que se asigna al fiscal Nelson Vigueras, para que se determine el destino de más de 1.500 millones de pesos por concepto de subvención del Estado, copago de apoderados y beneficios a profesores que nunca se entregaron.
A su vez, los anteriores administradores fueron despedidos por supuestas irregularidades ocurridas entre el 2014 y 2017, considerando arriendos desde la Sociedad a la Corporación del inmueble que no se exigieron ni cancelaron (aunque se rendían) y el compromiso de compra que tampoco se hizo efectivo.
Estas son las situaciones que darían paso a la contraofensiva de Hinojosa y Figueroa, ya desvinculados de la Corporación, y que a través de un juicio de arrendamiento que el Tercer Juzgado Civil de Concepción resolvió hace unos días a su favor determinó que la actual sostenedora deberá pagar 114 millones de pesos por conceptos de arriendo no cancelados, más 325 millones por indemnización de perjuicios.
Como si fuera poco, la Superintendencia de Educación que durante años no habría detectado la rendición de 206 millones de pesos para arriendos que nunca se concretaron, multó con casi $25 millones adicionales a la actual Corporación.
Orden de desalojo inminente
Tras la resolución del tribunal, se terminó el contrato de arriendo, por lo tanto el recinto debe ser desalojado en un plazo de 10 días a partir de la notificación.
Esto ha derivado en la movilización de los funcionarios, apoderados y alumnos en distintas instancias para visibilizar la compleja situación en la que se encuentran.
Dicen que son una “familia”, que hay profesores y apoderados comprometidos y que las condiciones de incertidumbre están afectando la tranquilidad que los alumnos necesitan para estudiar.
Se barajan alternativas judiciales: de partida la apelación, también un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y/o la presentación de recursos de protección.
En términos administrativos, en última instancia, incluso se plantea que el Ministerio de Educación -a través de la Superintendencia de dicha cartera- nombre un administrador provisional, declarando el embargo del inmueble.
Y en tercera línea, que avance la querella por fraude a fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos que está en manos del fiscal Vigueras, que ha recibido críticas por la nula celeridad que -dicen- le ha dado al caso.
El abogado de la Corporación Instituto San Pedro, José Vargas, lamenta que la institucionalidad haya fallado por tantos años.
¿Y qué ha hecho la Fiscalía?
Radio Bío Bío consultó en el Ministerio Público la posibilidad de contar con una declaración del fiscal Nelson Vigueras para conocer el estado de la investigación que podría dejar a 880 estudiantes sin su establecimiento educacional, pero éste desistió referirse a la causa por ser “una investigación en pleno desarrollo, (en la que) se han decretado diligencias”.
Consultado también por una entrevista al abogado Mauricio Venegas, que representa a Hinojosa y Figueroa, se excusó en dos ocasiones de entregar la posición de contraparte, asegurando que “no se ha reunido con sus representados para tratar el tema”.
