Siguen sumándose las acciones legales contra los sostenedores del Instituto San Pedro. Ahora fue un recurso de protección, que según los afectados, persigue sólo ganar tiempo para que se ordene el desalojo que ha amenazado al establecimiento y que podría poner fin al proyecto educativo.
Fue un recurso de protección el que presentaron Julio Figueroa y Alvaro Hinojosa, exadministradores del emblemático establecimiento educacional subvencionado, con más de 50 años de historia en San Pedro de la Paz.
Ambos denuncian que la destitución adoptada por el resto de los ocho socios que conforman la corporación sostenedora del Instituto San Pedro es ilegal, sumándose la nueva acción legal a otras demandas, en una de las cuales incluso lograron que se decretara el desalojo del colegio lo que amenaza el proyecto educativo.
La sostenedora, Lorena González, admitió la compleja situación que significa el recurso de parte de quienes fueron separados del Instituto San Pedro al acreditarse una pérdida de $1.500 millones, pero defendiendo la destitución de los exadministradores.
La salida de la corporación detrás del Instituto San Pedro se ajustó a la legalidad, aseguró el abogado de los actuales sostenedores, José Vargas, y una señal de la debilidad de la acción legal es que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara una orden de no innovar que buscaba dejar sin efecto la destitución de Figueroa e Hinojosa.
En esa línea, además, se comprueba que lo único que buscan los exadministradores es ganar tiempo para esperar el fallo del Juzgado Civil sobre el desalojo y de ahí lo infundado del recurso de protección, dijo Lorena González.
Toda esta situación ha mantenido en la incertidumbre a los padres y apoderados de los casi 900 alumnos del Instituto San Pedro, quienes han visto amenazada la educación de sus hijos.
