El coordinador de la Macro Zona Sur en la región del Bío Bío, Roberto Coloma, dijo que el Ministerio del Interior aún debe analizar la posibilidad real de entregar protección a los juzgados de Cañete, tras la orden dictada por la Corte Suprema.
Además, señaló que los recursos disponibles para el despliegue policial deben considerar la seguridad de todas las personas, indicando que le parece complejo establecer medidas especiales para algunas funciones.
Cerca de 700 efectivos policiales se encuentran cumpliendo medidas de protección en distintos puntos de la provincia de Arauco, principalmente predios en las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo.
Ahora se suma la protección que Carabineros y la PDI deberá brindar a los juzgados de Cañete, tras la orden de la Corte Suprema luego del requerimiento que realizó la Asociación de Profesionales del Poder Judicial.
Algo que al coordinador de la Macro Zona Sur en el Bío Bío, Roberto Coloma, le parece complejo, considerando que es un poder del Estado el que pide estas medidas.
Asimismo, dijo que no ve diferencia entre las necesidades de seguridad entre un trabajador forestal y un funcionario judicial.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, calificó como un descaro la solicitud del Poder Judicial, asegurando que se debe proteger a los trabajadores que se exponen en su labor.
El coordinador de la Macro Zona Sur en el Bío Bío señaló que el Ministerio Público aún debe analizar la posibilidad real de entregar protección, considerando la disponibilidad de recursos cuando hay efectivos realizando resguardos en la provincia de Arauco
Coloma, insistió en que las medidas de protección generan una desviación importante de efectivos, que no están disponibles para realizar patrullajes o intervenciones policiales en la provincia de Arauco, ya que quedan paralizados en puntos fijos cumpliendo resguardos ordenados por la justicia.
