El contralor general Jorge Bermúdez ordenó un procedimiento disciplinario al interior de la Municipalidad de Chiguayante, tras constatar -luego de un análisis detallado- una serie de situaciones que “dan indicios de actos lejanos a la probidad”.
La resolución es en respuesta a la presentación de antecedentes de parte del diputado Leonidas Romero y la concejala de Chiguayante, Jessica Flores, respecto de pagos y licitaciones donde a nivel de la Contraloría Regional se habría acreditado irregularidades.
En ese sentido, la Contraloría General en Santiago informó que tras el análisis de parte de la Unidad de Auditoría Interna, se decidió no un nuevo sumario, sino derechamente un proceso sancionatorio para determinar las posibles responsabilidades administrativa de los funcionarios municipales involucrados.
Entre los antecedentes analizados, y que llevaron al contralor nacional Jorge Bermúdez a ordenar la aplicación de medidas disciplinarias, están los dineros que debían ir a la promoción del Barrio Comercial O’Higgins y que fueron indirectamente utilizados por el municipio.
A esto se suma un grupo de licitaciones, entre ellas la del proyecto Complejo Deportivo Anfa, adjudicada a la empresa más cara por casi 5 mil millones de pesos.
Según la Contraloría General, y contradiciendo al alcalde Antonio Rivas, que hace unos días aseguró que ninguna de la denuncias de la concejala Flores han sido acogidas, “informes anteriores emitidos por este Organismo ya han cuestionado pagos y contrataciones de la Municipalidad de Chiguayante”.
