Los Trabajadores Unidos Contra el Asbesto, conocidos como Tucas, preparan una demanda contra el estado italiano, principal accionista de la empresa Enel, a la que responsabilizan de enfermar a los vecinos y trabajadores de la planta Bocamina en Coronel. Aseguran que el ministro Jaime Mañalich se comprometió hace cuatro meses a realizar nuevos exámenes médicos que no se han practicado.

En diciembre del año pasado la Agrupación Trabajadores Unidos Contra el Asbesto presentó en la Seremi de Salud del Bío Bío un listado de 58 personas a las que se realizarían exámenes médicos.

Esto, tras un acuerdo tomado con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la Comisión Investigadora de la actuación de órganos del Estado en relación con la contaminación en Coronel, según precisa Omar González, vocero de los Tucas.

El listado que se hizo llegar a la autoridad sanitaria del Bío Bío comprende a un grupo de trabajadores que se desempeñaron en el retiro de asbesto desde la central termoeléctrica Bocamina 1 de Coronel en 2014, y que con los años han presentado afecciones respiratorias.

No sólo en el ámbito sanitario han presionado por respuestas, debido a que también una denuncia en la Fiscalía no ha presentado avances, por lo que hoy preparan una demanda al Estado italiano, pues aunque Enel fue privatizada hace dos décadas, a través del Ministerio de Economía y Finanzas aún se mantiene como el principal accionista.

En Coronel también valoran que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados haya aprobado esta semana la idea de legislar el cierre anticipado de las termoeléctricas a carbón en todo el país.

La iniciativa establece el cierre inmediato, una vez publicada la ley, de aquellas centrales que tienen más de 30 años, y para el 2025 de las que llevan menos tiempo funcionando, de acuerdo a lo que explicó el diputado por la zona y presidente de la comisión, Félix González.

La situación de los Tucas y de la contaminación en Coronel por metales pesados y asbesto, está siendo analizada por una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos de entidades de Gobierno, que se constituyó en septiembre del año pasado, pero el 12 de marzo tuvo su última sesión, quedando suspendido su trabajo.