Los padres del joven atropellado por un vehículo de la Armada en octubre pasado, se querellaron por homicidio en contra del uniformado que manejaba el camión.

Aseguran que hay pruebas para calificar como dolosa la conducta del infante de Marina, Leonardo Medina Caamaño, ya imputado por cuasidelito de homicidio.

El 21 de octubre, dos días después del estallido social y cuando en la zona regía el Estado de Excepción, en Talcahuano comenzó una serie de saqueos y fue en medio de ellos que un camión de la Armada atropelló a Manuel Rebolledo Navarrete.

Si bien fue trasladado al hospital, el joven de 23 años ingresó ya muerto a Las Higueras, comenzando la Fiscalía una investigación que caratuló como cuasidelito de homicidio, formalizando al conductor del vehículo por ese delito.

Para los padres el hecho no fue un accidente y por eso la querella presentada en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, pidiendo recalificar la causa e imputar al uniformado por homicidio, explicando el abogado, Marcelo Villena, que denuncian una conducta dolosa de parte de Medina Caamaño.

“Aquí estamos frente a un hecho doloso y no meramente un cuasidelito, lo que significa una agravación de la responsabilidad”, indicó el profesional.

Hay varias pruebas para sustentar la acusación, subrayando el abogado Villena un video que da cuenta que el conductor del camión tuvo la intención de atropellar, no sólo al hijo de su cliente, sino también otras personas.

“En ese vehículo se puede apreciar que el vehículo militar viene a alta velocidad, sale de la calzada y se sube a un sitio eriazo donde hay tres jóvenes que van intentando arrancar del lugar”, detalló.

Al tribunal llegaron Manuel Rebolledo padre y su esposa, además de la pequeña hija que dejó la víctima, dando cuenta del daño y el dolor causado por lo ocurrido.

“Él dejó una hija de 1 año y 5 meses… su señora está mal, mi señora… el hermano. Fue algo muy fuerte para nosotros como familia”, indicó Rebolledo padre.

Actualmente el infante de Marina formalizado está en libertad, sólo con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.