A la Contraloría llegó el caso del Instituto San Pedro, el que está con amenaza de cierre por el supuesto mal uso de dineros bajo la anterior administración.
Los actuales sostenedores, acompañados por el core Javier Guíñez, entregaron al organismo un informe contable que acreditaría el desvío de 1.500 millones de pesos en recursos fiscales.
El caso del Instituto San Pedro se conoció hace unos meses al asumir los nuevos sostenedores del establecimiento subvencionado, quienes denunciaron a la antigua administración de un mal manejo de las platas que por años recibieron tanto del Ministerio de Educación como de los apoderados.
El conflicto llegó a la justicia, a raíz de la demanda de los removidos responsables del establecimiento, quienes obtuvieron una orden de desalojo y fue entonces que los actuales sostenedores contrataron una auditoría que confirmó la sospechas.
Lorena González, sobrina de la fundadora del Instituto San Pedro, explicó que ante la contundencia del informe contable sobre las irregularidades en el uso de dineros fiscales y privados decidieron entregarlo a la Contraloría.
Los antecedentes ya están en manos del Ministerio de Educación, de la Fiscalía y también del Consejo de Defensa del Estado, pero según explicó el consejero regional Javier Guíñez, también era necesario entregarlos al organismo contralor para que adopte las resoluciones administrativas que corresponda al involucrar las irregularidades recursos que entrega el Estado.
El descalabro económico en el que los sostenedores recibieron el colegio se tradujo en una amenaza de desalojo, al demandar la antigua administración el pago de deudas por concepto de arriendo del inmueble donde funciona el Instituto San Pedro, medida paralizada por la Corte de Apelaciones de Concepción, evitando que 800 alumnos pudieran quedar sin su establecimiento educacional.
