Afectados por violencia rural al sur de la provincia de Arauco aseguran que informaron previamente a las autoridades sobre riesgo de sufrir los ataques incendiarios ocurridos la madrugada de este martes, los que dejaron como saldo tres cabañas destruidas en la ribera sur del lago Lanalhue.
En ese sentido, se reunieron la jornada de este miércoles para expresar su malestar y emplazar al Gobierno y organismos investigadores para que les entreguen un tipo de solución al clima de violencia que -señalan- viven regularmente, la que no sólo pone en peligro lo material, sino que también sus vidas.
Además, descartaron ser personas millonarias -como dicen ser calificados-, acotando que son personas de trabajo y que han vivido mucho tiempo allí, por lo que sus viviendas no corresponderían a inmuebles de veraneo.
Asimismo, argumentan que la información de un posible ataque ya había sido entregada a las autoridades a mediados de año, la cual de acuerdo a lo señalado por Solange Etchepare, presidenta de la Agrupación Paz y Diálogo Bío Bío, no fue tomada en cuenta mayormente.
“(La información) la traspasamos a las policías, a las fiscalías, al Gobierno, a la ANI y al Ministerio del Interior; y todo lo que está pasando aquí en el lago Lanalhue fue informado por lo menos hace seis meses a la Fiscalía y hace dos meses al ministro del Interior”, afirmó Solange, quien además es prima del dueño de una de las cabañas destruidas.
En esa línea, emplazó a Andrés Chadwick para que visite la zona, argumentando que “necesitamos su presencia para que venga a resolver este tema, porque nosotros no necesitamos estar mandando información a Santiago, teniendo que nosotros viajar a pedirle ayuda”.
Las implicancias de estos ataques no son sólo materiales, ni el temor de los habitantes de la parte sur de la provincia de Arauco, ya que habrían efectos económicos negativos en el comercio, tal como lo expresó Carlos Silva, presidente de la la Cámara de Comercio y Turismo de Cañete.
“Las Pymes afectadas por este tema no están produciendo, todo lo contrario, están con problemas de déficit, de lucas y están cerrando, dejando a la gente cesante porque no pueden mantener su trabajo”, explicó Silva, añadiendo que la problemática se ha extendido a Tirúa y Contulmo.
También tomó la palabra en el encuentro Gerardo Ulloa, empresario que ha debido detener sus faenas de pequeñas empresas forestales por las pérdidas materiales que ha sufrido, señalando que “tenía empresas, forestal y de transporte, y por los conflictos fuí asaltado, quemado, robado. Se llevaron camionetas, se llevaron todas las cosas que estaban en mi casa“.
“Por los conflictos, quedé debiendo al Banco de Chile 70 millones de pesos (…) No pude trabajar, no pude pagar. Ahora el banco me está embargando mi casa, y resulta que ahora lo pierdo todo porque no tenemos ley”, criticó.
Siguiendo ese hilo, el empresario expuso que “el Gobierno no sé qué pasa, no sé si somos sus compatriotas o no, pero la verdad yo me siento muy mal y lo único que pido es que el Gobierno tome caso en el asunto”.
Finalmente, los habitantes de la zona indicaron que no se trata de ataques a un grupo determinado de personas, asegurando que los daños afectan de manera transversal a quienes sean el objetivo de los sospechosos que siguen libres y sin ser identificados.
