La Corte de Apelaciones de Concepción revocó esta tarde la orden de no innovar que paralizó la expulsión de cuatro alumnos del Liceo Enrique Molina, a quienes la DAEM penquista había aplicado la ley “Aula Segura”.
La determinación del tribunal de alzada se originó tras la solicitud de la trabajadora social del establecimiento, quien fue agredida durante una protesta el 3 de abril.
Fue dicha conducta la que generó la investigación en contra de los estudiantes, así como el posterior recurso presentado por ellos en contra de la Municipalidad de Concepción.
En ese sentido, el argumento para solicitar dejar sin efecto la orden de no innovar fue que la asistencia de los jóvenes al liceo estaba alterando la convivencia en el lugar, y que -a su vez- esto había llevado a que la funcionaria se alejara del recinto para no encontrarse con sus agresores.
La resolución fue confirmada por la abogada de la DAEM de la Municipalidad de Concepción, Denisse Rojas, quien sólo indicó que la decisión judicial había sido sólo notificada al Liceo Enrique Molina.
Consultada sobre los efectos de la medida, Rojas admitió tener la duda si iba contra los cuatro alumnos sometidos a la investigación o sólo contra quien se apunta como responsable de agredir a la asistente social.
Sin embargo, según el escrito de la abogada Paula Rojas Puga, quien representa a la funcionaria del Enrique Molina, lo que se buscaba era que se permitiera seguir adelante con la suspensión de los cuatro estudiantes, el proceso disciplinario invocando la ley “Aula Segura” y al mismo tiempo el trámite del recurso de protección presentado por los apoderados de los jóvenes.
Los padres de los alumnos denuncian que el sumario por el Reglamento de Convivencia y la Ley Aula Segura no se ajustó a esas normativas, y que por lo tanto debía ser declarado ilegal y arbitrario, lo que ahora deberá resolver la corte penquista.
Pero mientras, los alumnos acusados de agredir a la funcionaria educacional se mantienen suspendidos de clases y enfrentando la eventual expulsión del emblemático liceo, medida que sería la primera en aplicarse en el país en el marco de la legislación promulgada por el actual Gobierno.
