Armadores y pescadores artesanales analizan hacerse parte del recurso que paralizó la certificación de la pesca de sardina y anchoveta, proceso que el Sernapesca entregó a una empresa privada. El argumento es que la medida está repercutiendo en los ingresos por la pesca, al traspasarse el costo desde las plantas procesadoras a las embarcaciones.
A tres días de dictarse la orden de no innovar que prohibió el proceso de certificación de la extracción de ambos recursos para embarcaciones de menos de 12 metros, armadores y pescadores artesanales comenzaron los contactos con abogados para hacerse parte de la acción legal.
Y es que la paralización del trámite que acredita las toneladas de pesca, entregado por el Sernapesca a la empresa externa Intertek, fue dictado sólo respecto de las cuatro personas que denunciaron el proceso de certificación como ilegal.
Marta Espinoza, de la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío (Fedepes), dijo que estaban conversando la forma de sumarse al recurso y hacer extensiva la orden de no innovar a todas las embarcaciones de la región.
El principal argumento para impugnar la certificación de la pesca por un privado es que el proceso, subrayó la dirigenta, debía ser realizada por el Servicio Nacional de Pesca.
Pero no menor, agregó Marta Espinoza, es también el perjuicio económico que están sufriendo los pescadores menores de sardina y anchoveta, al traspasarse el costo de la certificación desde las plantas procesadoras a las embarcaciones.
El Sernapesca no se ha pronunciado sobre la resolución judicial, aunque se esperaba que sus abogados respondieran con una solicitud para revertir la orden de no innovar, considerando que la resolución fue dictada con un voto en contra en la Corte de Apelaciones de Concepción.
