Por orden de la fiscalía regional del Bío Bío, la Policía de Investigaciones comenzó a indagar los delitos de abuso sexual de que se acusa al sacerdote Hugo Márquez, expárroco de Nuestra Señora de Lourdes en el sector Pedro de Valdivia de Concepción.

En las últimas dos semanas concurrieron hasta el cuartel de la PDI en Concepción los padres y un tío de Jonathan Garrido, quien se quitó la vida en octubre de 2017 ahorcándose en San Pedro de la Paz.

Sólo tres años antes de su deceso, este joven había contado a sus más cercanos lo que vivió en la parroquia de Lourdes cuando era acólito junto a otros niños de escasos recursos, residentes en Pedro de Valdivia Bajo, antecedentes que la familia expuso ante el arzobispado y ahora ratificó en declaraciones antes la Policía de Investigaciones.

Confirmando esta versión, también declaró el viernes último un excompañero de Garrido, que supo cuando ambos eran adolescentes, los abusos de que era presuntamente víctima, señalando incluso que él también fue objeto de tocaciones de parte del cura, que hoy está retirado del ejercicio de funciones pastorales.

La orden de investigar emanó este mes desde la fiscalía regional a la Brigada de Delitos sexuales y menores de la PDI, luego que el Arzobispado de Concepción remitiera al Ministerio Público los antecedentes de las denuncias recibidas.

De acuerdo a fuentes de La Radio, el interés de las indagatorias estaría ahora en dar con el paradero de los otros menores que a fines de la década de los 90 tenían entre 13 y 16 años y que frecuentaban la parroquia, donde se les ayudaba con ropa, alimentos y enseres para sus familias.

Waldo Ortega, abogado que representa al sacerdote acusado de atacar sexualmente al menos a dos de estos niños, confirmó que Hugo Márquez no ha sido llamado aún a prestar testimonio en la causa.

En la única declaración entregada a La Radio tras conocerse las primeras denuncias, el sacerdote aseguró que todas las acusaciones eran falsas y que tenía enorme respaldo.

El 8 de octubre del año pasado, el Arzobispado de Concepción confirmó que se había iniciado la indagación canónica por acusaciones en su contra, y el 5 de diciembre comunicó que tras completarse la investigación previa, se remitieron los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en Roma, junto con las del presbítero Reinaldo Méndez y Santiago Rubilar.