En acuerdo, es decir pendiente, quedó la admisibilidad de la querella por injurias en contra de la ministra del caso Matute y que presentó el exdetective Héctor Arenas. El viernes se entregará la decisión de la cual depende si la magistrada es o no suspendida de sus funciones hasta el eventual juicio en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción se realizaron los alegatos sobre la acción legal a través de la cual quien dirigiera la investigación por la desaparición de Jorge Matute Johns denuncia a la ministra Carola Rivas de haberle imputado delitos durante una serie de entrevistas concedidas a fines de marzo.

Entre las declaraciones que se funda la querella por injurias y calumnias está esta donde la ministra del caso Matute asegura a título personal que ella cree que el prefecto en retiro sometió a los jóvenes procesados el año 2001 a apremios ilegítimos.

Ante los ministros del tribunal de alzada, la abogada defensora de la jueza, Ximena Sepúlveda, argumentó que los dichos de Carola Rivas no tuvieron el ánimo de injuriar.

Para el querellante, el abogado José Luis Andrés, quien representa al excomisario, ese argumento debería ser resuelto por el Juzgado de Garantía que revise la querella y donde se realice en definitiva el juicio, puntualizando que la Corte lo único que resuelve es si se acoge a trámite la acción legal.

En todo caso, apuntó el profesional, las declaraciones de la ministra en visita fueron al menos imprudentes y que ocasionaron daño a su cliente.

A la audiencia en la Corte de Apelaciones asistió Héctor Arenas, quien se refirió a la decisión de presentar la querella: “Estoy defendiendo mi honra (…) y la labor de las policías“, indicó.

Agregó Arenas, en línea con la que es también la opinión de la familia Matute, que Carola Rivas debería dejar la investigación, algo que quizás dependerá de si se admite o no a trámite la querella por injurias, lo que se conocerá el próximo viernes, cuando se entregue la decisión, ya que si se remiten los antecedentes a un Juzgado de Garantía, la ministra Rivas quedaría suspendida de sus funciones como miembro del Poder Judicial.