La Corte Suprema dictó el fallo definitivo en el caso de quien fuera el último intendente del Gobierno de Salvador Allende en Concepción, Fernando Álvarez, quien murió mientras estaba detenido en dependencias de una comisaría de Carabineros.
El máximo tribunal rechazó el recurso del Programa de Derechos Humanos que pedía cambiar a homicidio los apremios ilegítimos con resultado de muerte que acreditó el ministro Carlos Aldana, y al mismo tiempo aumentar los 4 años de libertad vigilada para los exuniformados Sergio Arévalo y José Francisco Puga.
El abogado del organismo, Patricio Robles, si bien dijo que era esperable la sentencia, destacó el voto de minoría del ministro Milton Juica que estuvo por acoger la solicitud.
En lo que sí coincidieron unánimemente los ministros de la sala penal fue en el monto de la indemnización para la viuda e hijos de Alvarez, que alcanza a $360 millones, dinero que deberá pagar el Fisco por la conducta ilícita de los dos agentes del Estado.
