Pendiente dejó la Corte Suprema el fallo definitivo por el caso de Fernando Álvarez, el último intendente del gobierno de Salvador Allende en Concepción y quien murió producto de las torturas a las que fue sometido tras su detención el 11 de septiembre de 1973.
La Segunda Sala Penal del máximo tribunal escuchó los alegatos de las defensas de los condenados, así como de los querellantes y los abogados del Consejo de Defensa del Estado, organismo que busca dejar sin efecto la indemnización de 360 millones de pesos para la viuda e hijos de Álvarez.
Por el delito de torturas con resultado de muerte están condenados Sergio Arévalo y José Francisco Puga, exmiembros de Carabineros y del Ejército respectivamente.
Si se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción deberán cumplir cuatro años de libertad vigilada.
En tanto, el Programa de Derechos Humanos busca que los condenados sean sancionados por el homicidio del exintendente y que por ende la pena sea de cárcel efectiva para los exuniformados.
Se espera que dentro de las próximas semanas la Corte Suprema se pronuncie en una de las más emblemáticas causas por delitos de lesa humanidad en el Bío Bío.
