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Gremios de trabajadores de la Universidad de Playa Ancha cuestionan despidos y posibles irregularidades en el proceso, vinculados al Plan de Ajuste Financiero de la institución. Trabajadores denuncian falta de transparencia en las desvinculaciones, que afectaron a empleados con años de antigüedad. Abogado advierte sobre posibles vulneraciones de derechos en los despidos.
Los despidos registrados en la Universidad de Playa Ancha (UPLA) provocaron preocupación entre gremios de trabajadores y funcionarios, quienes cuestionaron la implementación del Plan de Ajuste Financiero ingresado por la casa de estudios de la región de Valparaíso.
Desde los trabajadores advirtieron posibles irregularidades en el proceso, situación que podría ser derivada a la Contraloría General de la República e incluso a tribunales de justicia.
Despidos en la UPLA: gremios acusan irregularidades
Los despidos de trabajadores en la Universidad de Playa Ancha continúan generando controversia entre funcionarios, quienes acusan irregularidades en el proceso y la existencia de recursos aprobados por el Ministerio de Educación.
La crisis se agudizó durante el año pasado, cuando el ministerio casi intervino la casa de estudios y por lo que presentó voluntariamente un Plan de Ajuste Financiero a la Superintendencia de Educación Superior, el que incluía desvinculaciones por un determinado porcentaje, sin mayores detalles.
Posteriormente, en el marco de la aplicación de la Ley Karin, y tras la firma de un petitorio contra jefaturas por parte de trabajadores, se habría elaborado una lista de despidos, argumentando falta de recursos económicos.
Finalmente, las desvinculaciones se concretaron en diciembre, afectando a trabajadores con más de cinco años de antigüedad, situación que, según Elizabeth Soto, ex funcionaria de la universidad, demuestra que los despidos son arbitrarios.
Según el abogado Aldo Fendez, todas estas razones serían suficientes para una vulneración de derechos.
Desde la Superintendencia de Educación Superior declararon que ellos solo revisan periódicamente que los términos del Plan de Ajuste Financiero se cumplan y compete a Contraloría General de la República, por tratarse de una universidad estatal, la Dirección del Trabajo y/o los tribunales laborales, pronunciarse respecto de la legalidad de cualquier desvinculación que se produzca.
A esto se suma que, mediante solicitudes por Ley de Transparencia, se obtuvieron antecedentes que indicarían que los fondos anuales del Ministerio de Educación para el año 2026 ya estarían aprobados, ya que parte de los funcionarios afectados pertenecieron a unidades cuyos sueldos son financiados directamente por el Ministerio de Educación, como es el caso de la denominada Unidad de PACE.
En paralelo, desde el gremio señalaron que muchos de los funcionarios desvinculados tenían contratos a plazo fijo que finalizaron en diciembre y que existiría el compromiso de recontratarlos en marzo. No obstante, trabajadores afectados sostienen que dichas recontrataciones serían bajo modalidad de boleta de honorarios, lo que implicaría una precarización laboral.
