Una funcionaria de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) demandó a la casa de estudios por acoso laboral, acusando hechos que habrían comenzado en 2016, por lo que este 29 de enero se realizará la audiencia preparatoria del juicio oral para la causa.

Se trata de Lisette Soto, funcionaria que fue ascendida a un cargo intermedio en un laboratorio que presta servicios a la Mutual de Seguridad. Más tarde, a comienzos de 2016, acusó que comenzó a tener problemas con sus subalternas, lo que generó diversas situaciones conflictivas.

Según dice, no era tomada en cuenta, no respetaban su cargo y tampoco era invitada a reuniones. Además, detalla que al mencionarle estos hechos a su superior, fue instada a pasar estos hechos por alto.

Dichas situaciones generaron a la larga diversos problemas de salud en la funcionaria, como estrés y depresión, por lo que debió tomar licencia laboral.

Por lo anterior, Lisette recurrió a la mutual a mediados de 2018, quienes emitieron un certificado de evaluación de enfermedad profesional, dejando en claro que su enfermedad es producto del ambiente laboral en que se desempeñaba.

En el informe también se solicitaba a la Universidad de Playa Ancha mejorar el sistema laboral, emplazando a que se evitaran los factores de riesgos que causaron problemas psicológicos y físicos en la funcionaria.

Rodrigo Garay, abogado de la funcionaria, señaló que “la mutual emite este certificado de evaluación de enfermedad profesional y cuando lo emite le hace una recomendación a la UPLA y le dice, ‘bueno usted tiene que evitar estos factores de riesgo y tiene que mejorar el clima laboral’, y bueno, de cierta forma le dice ‘tiene que tomar cartas en el asunto"”.

Posteriormente, Lisette regresó a sus labores, encontrándose con que en su lugar de trabajo aún se mantenían los factores de riesgo, acoso y hostigamiento, los que en vez de palearse, terminaron ahondándose.

A la par con estos hechos la UPLA solicitó un informe a su prevencionista, en el cual se termina culpando a la trabajadora, señalando que ella es la que tiene problemas para relacionarse.

“El departamento que eventualmente debería tomar las medidas, que es el de prevención de riesgos junto con el de recursos humanos, finalmente emiten un informe que dice que la culpa es de la trabajadora porque es ella la que tiene una personalidad que no está acorde con los servicios que han de prestarse”, explicó Garay.

Ante estos hechos, la diputada y presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans, lamentó que la Universidad no haya tomado las medidas necesarias para proteger a la trabajadora, ocasionando que la funcionara se viera en la necesidad de recurrir a la justicia.

“Es lamentable que la Universidad de Playa Ancha no haya tomado las medidas adecuadas en este caso, obligando prácticamente a la funcionaria a tener que acudir a tomar medidas legales para poder hacer valer su derecho”, aseguró.

Es por lo anterior que finalmente se hizo la demanda en un procedimiento de tutela laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso por vulneración a los derechos fundamentales.

Luego de ser notificada la universidad, la audiencia preparatoria de juicio oral quedó para 29 de enero.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)