La Fiscalía de Tarapacá inició una investigación por presuntos hechos que podrían revestir de delitos, en torno a la adquisición, vía trato directo, de cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 y los traspasos realizados a instituciones privadas para el cumplimiento de estos mismos fines.
Se trata de una denuncia interpuesta por el diputado Hugo Gutiérrez (PC); el consejero regional, Pedro Cisternas; y el concejal Matías Ramírez.
El fiscal regional, Raúl Arancibia, señaló que “dada la gravedad de la denuncia, decidí que fuera la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de esta Fiscalía Regional la que asumiera la investigación, y en específico será el fiscal Juan Zepeda quien la estará liderando”.
“Él, junto a un equipo de la Policía de Investigaciones, deberán esclarecer si existen o no delitos en los hechos denunciados y quiénes podrían haber participado”, sostuvo.
Los presuntos hechos que se investigan dicen relación con la adquisición, vía trato directo, de 23.113 cajas de alimentos dada la emergencia sanitaria, por un valor que supera los $1.190.000.000; y la transferencia de más $946.000.000 a una institución sin fines de lucro, con la finalidad de ejecutar los proyectos de adquisición de canastas básicas de alimentos no perecibles y útiles de aseo, los cuales podrías constituir los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.
