Acusado de estafar a magallánicos en $2,7 millones por falsas ventas en Yapo.cl, va a juicio. El imputado arriesga hasta cinco años de cárcel, mientras que su defensa intentará probar que se trata de un paciente siquiátrico.
El miércoles se desarrolló la preparación del juicio oral en contra de Óscar Vergara Bustos, por presuntamente estafar a ocho víctimas en la región de Magallanes, por un total de $2.690.000.
La fiscal encargada de la causa, Rina Blanco, intentará acreditar los delitos ocurridos entre abril del 2019 y agosto de 2020.
Acusado captaba a víctimas en Yapo.cl
Según la acusación, el hombre captó a todas las víctimas a través del portal de internet Yapo.cl.
Allí, se presentaba como un vendedor de repuestos de vehículos, containers y maíz.
Asimismo, decía que vivía en lugares distintos a donde residían los compradores para engañarlos con pagos anticipados o abonos que asegurasen el traslado de los productos.
La estafa de mayor cuantía ocurrió el 12 de agosto de 2020, afectando a los socios de una distribuidora que requerían dos containers para su bodega en Talcahuano.
Tras ingresar al portal, se toparon con el anuncio de una empresa ubicada en Mulchén que vendía los productos.
Las víctimas pagaron 550 mil pesos de manera anticipada, pero jamás recibieron los containers. Todo el dinero fue a parar a la cuenta RUT del imputado.
Presunto estafador fue detenido en Iquique
Finalmente, tras ser denunciado, Vergara Bustos fue detenido en Iquique.
En mayo de 2021 una comitiva de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI viajó desde Punta Arenas para concretar el arresto.
Desde entonces cumple con prisión preventiva.
Ayer, en tanto, se aceptó toda la prueba testimonial reunida por la Fiscalía. En el juicio podrán declarar 54 personas, incluyendo las víctimas que fueron defraudadas y funcionarios policiales.
La estrategia de la defensa: analfabeto y paciente psiquiátrico
La defensa intentará acreditar que el imputado es analfabeto y paciente psiquiátrico, por lo que no pudo perpetrar los delitos acusados por el Ministerio Público.
Como prueba propia incorporarán a una psicóloga y un médico psiquiatra.
Este último prestará declaración sobre un informe pericial practicado al encausado.
El caso será resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, cuyos jueces pueden condenarlo hasta con cinco años de cárcel.
