Organizaciones medioambientales anunciaron acciones legales en el Tribunal Ambiental de Valdivia para revertir la aprobación del uso de explosivos en Isla Riesco, región de Magallanes.
Fue este lunes que una polémica decisión del Servicio de Evaluación Ambiental terminó por acoger el recurso de reclamación interpuesto por Mina Invierno. Uno en el cual se buscaba utilizar tronaduras en uno de los 5 proyectos de explotación de carbón a cielo abierto en la zona. Algo que ahora podrán hacer.
Con esta medida, la firma vinculada a las familias Angelini y Von Appen se comprometió a realizar acciones complementarias; como la medición de ruidos, incluso la extracción mecánica de carbón y así cumplir con la normativa correspondiente.
Pero el rechazo de las organizaciones medioambientales de la zona fue muy fuerte, principalmente por el daño que podría significar esto al medio ambiente. Especialmente a los animales del área y el potencial de contaminar el agua.
Tendrán 30 días para revertir la decisión a través del tribunal ambiental de Valdivia; algo que se llevará a cabo según informaron estas agrupaciones.
Gregor Stipicic, coordinador regional de Alerta Isla Riesco, criticó la resolución justo en medio de la crisis medioambiental que atraviesa Quintero-Puchuncaví.
En esa línea, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA rechazó las posibilidades de estar frente a un proyecto sustentable y afirmó que se harán parte de la instancia judicial.
Por su parte, la senadora DC por la región de Magallanes, Carolina Goic, criticó el silencio del Gobierno y el cambio de criterio que, a su juicio, se generó dado el rechazo anterior al proyecto en enero por parte de la comisión de Evaluación ambiental.
A esto se sumó el presidente de la comisión de Medioambiente de la Cámara, Diego Ibañez, quien calificó la situación como una derrota medioambiental, en alusión al rechazo de los acuerdos internacionales y la política energética impulsada durante el gobierno de Michelle Bachelet.
El parlamentario frenteamplista anunció la creación de una bancada por la descarbonización de la matriz energética del país, la que estará conformada por diputados y senadores.
En tanto, el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) argumentó que con dicha determinación se perpetúa la contaminación con carbón en las zonas de Sacrificio, tal es el caso de Quintero- Puchuncaví, Mejillones, Hijuelas, entre otros.
Pese a lo anterior, por ahora el Gobierno se mantiene en silencio, sin vocería alguna durante lo que han estos días. Incluso la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, no se ha referido a la polémica decisión del Servicio de Evaluación Medioambiental.
