El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile por Jaime Provoste Cárdenas y Pedro Antonio Torres Villarroel, ex presos políticos de Isla Dawson, quienes estuvieron en dicho recinto entre 1973 y 1974.

El fallo obligó al Fisco a cancelar a los demandantes la suma de 160 millones de pesos a cada uno, como una forma de indemnizarlos por los perjuicios de lesa humanidad a los que fueron expuestos mientras estaban apresados.

El informe con el que se sustentó la demanda, detalla entre otros malos tratos torturas, posiciones forzadas, aplicación de electricidad, simulacros de fusilamientos, confinamiento en condiciones infrahumanas, privación de sueño y exposición a temperaturas extremas.

Con esto, lo que se busca es subsanar en parte los crímenes de lesa humanidad cometidos a Provoste y Torres.