El abogado de las víctimas de una pareja de estafadores que embaucó a varias familias en la construcción de viviendas en la región de Los Lagos, anunció que acudirán a la justicia para pedir una pena de cárcel efectiva.

En el fallo de primera instancia, se prohibió dar los nombres de los creadores de la falsa empresa “Ecoenergía”, que durante 2015 Y 2016 vendían casas o cabañas.

De acuerdo a la determinación de los jueces, se acreditó la existencia de cinco víctimas, los que contrataron los servicios de quienes se veían confiables por su presencia o nivel de estudios, además del desplante y vínculos familiares con un conocido constructor de estufas de la zona.

Los estafados pagaron por la construcción de viviendas en Graneros de Puerto Varas, Ensenada, Purranque y Panitao Bajo, pero los proyecto no se concretaron o quedaron defectuosos, generándose un perjuicio aproximado por 41 millones 536 mil pesos.

La fiscal de la capital regional, Karen Rosas, detalló la sentencia para ambos enjuiciados.

El abogado de la Defensoría Penal Pública, Rigoberto Marín, planteó su conformidad, ya que el Ministerio Público y el abogado de las víctimas, esperaban una década de privación de libertad para los denunciados.

El querellante, Ignacio Herrera, reaccionó disconforme con el fallo de primera instancia, detallando que uno de los acusados no habló y el otro se disculpó con las víctimas.

Agregó que le llama la atención que la justicia haya otorgado beneficios de libertad vigilada intensiva, pese a que las defensas no presentaron los antecedentes requeridos para obtener la forma de sentencia.

El abogado de las familias confirmó que dentro del plazo de 10 días, previo a que el fallo esté ejecutoriado, presentarán un recurso para buscar sanciones más altas, ya que estiman que en este caso la estafa es más dañina que un balazo en la pierna.

En la búsqueda de justicia, quedó en el camino a uno de los estafados, quien murió esperando el pronunciamiento de los Tribunales.

Los embaucadores fueron sentenciados también a pagar 19 millones en indemnizaciones, algo que no hay de donde cobrarlo ya que los enjuiciados no tiene bienes a su nombre.