El Decreto Supremo N°24 del 2020 del Ministerio del Medio Ambiente declaró como zona saturada por material particulado, conocido como el MP 2,5 a las comunas de San Pablo, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Según explicaron desde la cartera de medio ambiente, luego que el año 2012 se haya confirmado que la ciudad de Osorno pasaba a ser la primera comuna del país en ser declarada como una zona saturada por los altos niveles de polución, aseguran resultaba imperante poder gestar la extensión de la condición para las comunas aledañas con el fin de gestionar y focalizar recursos para descontaminar la atmósfera de la zona.

Así lo confirmó Carlos Geisse, Intendente de la región de Los Lagos, quien señala se buscará disminuir las emisiones contaminantes, que en la zona son principalmente provenientes de la leña.

En tanto el seremi de Medio Ambiente, Klaus Kosiel, confirmó que se comenzará con el trabajo de un plan de descontaminación integral, utilizando como base lo experimentado en los 5 años con los que la ciudad de Osorno ha buscado mitigar la polución.

En cuanto a los siguientes pasos , desde la seremi de Medio Ambiente aseguran que luego de declarada la zona saturada, se iniciará el proceso de elaboración del un Plan de Descontaminación competente a las nueve comunas – o lo que se determina como la macro-zona norte de la región – lo que permitirá incorporar exigencias de control de emisiones.

En cuanto a las medidas que se debieran contemplar, dan cuenta de la ampliación del programa del recambio de calefactores, aumentar los estándares de aislación térmica para viviendas nuevas, subsidios de aislación térmica, así como la Gestión de Episodios Críticos para el periodo abril-septiembre de cada año, y el fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad del aire, que actualmente cuenta con mediciones en Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt.

En cuanto a los plazos, se informó que se cuenta con 12 meses, seguido por un periodo de consulta pública de 60 días hábiles, para culminar con la elaboración de un proyecto definitivo que debe revisar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.