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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El vertedero de Lonquimay enfrenta un sumario sanitario por graves falencias en su operación, incluyendo la ausencia de un sistema de ingeniería autorizado y falta de manejo de lixiviados y biogás, entre otras irregularidades. La Seremi de Salud realizará una visita la próxima semana. El municipio ha anunciado un plan de mejoras, mientras los vecinos denuncian daño ambiental y afectación a familias. El Tribunal Ambiental confirmó el daño ambiental y las demandas de los residentes por enfermedades y pérdidas económicas.

El vertedero de Lonquimay enfrenta un sumario sanitario en medio de denuncias por daño ambiental y afectación a familias. La próxima semana personal de la Seremi de Salud visitará el lugar

Cabe recordar que el espacio receptor de basura está bajo un sumario sanitario vigente tras una fiscalización de la autoridad sanitaria que detectó graves falencias en su operación.

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Entre ellas, la ausencia de un sistema de ingeniería autorizado, falta de manejo de lixiviados y biogás, inexistencia de planes de operación, mantención y emergencia, además de no contar con control de aguas superficiales, incumpliendo la normativa sanitaria vigente.

El municipio aseguró estar trabajando en un plan de mejoras para subsanar las observaciones, el cual será evaluado en una fiscalización programada para la próxima semana.

Hasta entonces, el proceso sumarial continúa abierto y, de no acreditarse el cumplimiento de las medidas, se arriesgan sanciones. Tal como lo confirmó el Seremi de Salud regional Andrés Cuyul.

Este escenario se agrava considerando que el vertedero continúa operando sin resolución sanitaria y a escasos 80 metros de viviendas del sector Rucamanque.

Una sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia acreditó daño ambiental —particularmente al recurso hídrico— y reconoció la afectación a familias que por años han denunciado enfermedades, pérdidas económicas y abandono municipal.

Los vecinos, que no cuentan con agua potable formal y dependen de camiones aljibe, exigen el cierre del recinto mientras continúa un proceso judicial en el que esperan indemnización por daño y perjuicio.