Con 5,5 millones de hectáreas protegidas, el 51% de su territorio, la zona solo tiene 45 guardaparques que, según acusan, incluso deben usar de su propio dinero para poder cumplir con sus labores. Es por eso que el GORE evalúa solicitar el traspaso de competencias y hacerse cargo de las Áreas Silvestres Protegidas.

Ante el paro de los guardaparques que azotó a Conaf, el Gobierno Regional de Aysén evalúa pedir el traspaso de competencias para encargarse de la administración de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de la región.

En la zona hay 5,5 millones de hectáreas protegidas, lo que equivale al 51% del territorio, aunque los recursos no son suficientes para cubrir todo el terreno ni las necesidades que surgen de esto.

“En la región tenemos más de 5,5 millones hectáreas que son Áreas Silvestres
Protegidas y los trabajadores estiman que alrededor de tres millones de ellas están
abandonadas, porque la cantidad de guardaparques que trabajan en la región no alcanza para cubrir todo”, dijo la gobernadora Andrea Macías.

“Actualmente contamos con 45 guardaparques y hay que considerar que el 51% del extenso territorio de la región de Aysén está clasificado como ASP”, explicó.

Una de las principales demandas del gremio movilizado es que en la Ley de
Presupuesto 2023 el programa de Áreas Silvestres Protegidas presenta una disminución del 26,3% en gastos para el próximo año, fondos que han ido bajando sistemáticamente desde hace ya cuatro años.

Esta merma del presupuesto se ha traducido, como reclaman hoy los sindicatos, en falta de personal y condiciones muy precarias de trabajo para la mayoría de quienes se desempeñan en el rubro, de acuerdo al representante regional de Aysén del Sindicato de Guardaparques Nacional, Juan Pincheira.

Guardaparques y GORE acusan “abandono”

“Las ASP del Estado siempre han sido postergadas y abandonadas, por muchos años. En estos momentos ya no podemos seguir gastando de nuestro bolsillo para realizar nuestro trabajo. Hemos tenido que comprar varios equipos de monitoreo, de terreno, ropa y calzado, planes de teléfono e internet y así muchas cosas más, aún cuando recibimos sueldos muy bajos. Incluso, en algunas partes de la región trabajamos sin luz ni agua potable”, lanzó el dirigente.

Pero eso mismo es que el GORE se encuentra evaluando emitir una solicitud de traspaso de competencias para encargarse de la administración de las Áreas Silvestres Protegidas de la región.

“Nosotros contamos con los recursos para inversión en infraestructura, bienestar y
seguridad del personal, a diferencia de lo que ha ocurrido estos años con la administración desde el nivel central. Esto es algo que sería muy beneficioso, sobre todo en el caso de nuestra región de Aysén”, expresó al respecto Macías.

“Una región que tiene un 51% de su territorio como Área Silvestre Protegida no
puede tener tan escasos recursos. La vocación de nuestro territorio es absolutamente turística y las ASP son un espacio que convoca a miles de turistas”, comentó.

Parques de La Araucanía

En medio de esta discusión, la protección de las ASP en La Araucanía también ha sido parte de la discusión.

De las 101 unidades que tiene el sistema cinco parques y seis reservas están en la novena región, a los que se suman dos monumentos naturales.

En total, estos representan casi el 10% del total de la superficie de la región.

“Dos de los parques, Nahuelbuta y Tolhuaca, han resultado afectados en días recientes por incendios que destruyeron instalaciones y equipamiento que tiene Conaf en ambos recintos, cuyos episodios son atribuibles a la acción de grupos violentistas que operan en la zona”, lamentó este martes la senadora Carmen Gloria Aravena (ex Evópoli – IND).

Para la congresista estos hechos de violencia son gravísimos, “ya que se pone en riesgo la integridad de los guardaparques que están a cargo del cuidado de esos lugares, se ve amenazada la conservación del patrimonio natural del país, donde muchos parques y reservas son también patrimonio de la humanidad, y se afecta gravemente el turismo”.

Por lo anterior, como presidenta de la Comisión de Agricultura, Aravena se reunió el lunes junto al senador José García Ruminot (RN), el director nacional de Conaf, Christian Little, y el alcalde de Angol, Enrique Neira, para abordar precisamente los episodios de violencia y evaluar medidas para reforzar la seguridad en las unidades, sin que ello implique su cierre de los mismos.