A través de este nuevo escrito, la defensa de uno de los abogados ligados a la DC imputados en la causa por corrupción en Tierra Amarilla busca declarar inadmisible la ampliación de querella ingresada recientemente por el CDE. Acusan que la indagatoria penal es "defectuosa" y que "se ha llevado con una desprolijidad inaudita para una investigación de esta naturaleza". Con todo, el libelo presentado por el organismo estatal sindica al profesional y uno de sus colegas como responsables del delito de cohecho, prevaricación y lavado de activos.
La defensa del abogado ligado a la Democracia Cristiana, Ramón Briones, ingresó un recurso de reposición para declarar inadmisible la ampliación de querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de su representado por los delitos de cohecho, prevaricación y lavado de activos.
Tal como publicó este jueves la Unidad de Investigación de Bío Bío, el libelo ingresado por el CDE se enmarca en la indagatoria por corrupción que sustancia la fiscalía de Copiapó en contra del diputado Jaime Mulet, el propio Briones y el colega de este último, Hernán Bosselin, entre otros profesionales.
A través de su presentación, el abogado defensor de Briones, Fernando Santelices, solicitó dejar fuera de tramitación la acción legal del organismo público, argumentando que el CDE no cuenta con la legitimación respectiva para imputarle a su representado el delito de prevaricación.
En efecto, en el documento detalló que la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado sólo le permite ejercer acciones penales en delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el fisco.
A juicio de Santelices, fue “la propia querellante CDE la que ha descartado en este caso, para este hipotético delito, la existencia de perjuicios económicos supuestamente asociados al mismo”.
“Desprolijidad inaudita”
De este modo, el jurista fustigó el actuar de la entidad estatal. Así, resaltó que “no cabe duda que la ampliación de querella presentada es evidentemente instrumental de cara a una audiencia fijada no solo para una formalización sino también para discutir el sobreseimiento”.
Finalmente, calificó la investigación penal como “defectuosa” y apuntó que ésta “se ha llevado con una desprolijidad inaudita para una investigación de esta naturaleza”.
Ante este recurso, el Juzgado de Garantía de Copiapó entregó al CDE un plazo de tres días para responder lo que estimen conveniente.
Los hechos
La investigación del Ministerio Público se refiere a cómo los imputados Mulet, Briones y Bosselin habrían logrado que la minera Candelaria pagara a la Municipalidad de Tierra Amarilla 7 millones de dólares, a cambio de que el alcalde Osvaldo Delgado desistiera de un juicio ambiental.
Los tres, detalla la querella presentada el CDE a mediados 2020, se coludieron con la sede comunal para obtener la suma señalada en un acuerdo con la empresa de capitales canadienses usando la Ley de Donaciones.
Respecto de los desembolsos, la Contraloría y el Ministerio Público han sostenido que los abogados Bosselin y Briones cobraron como honorarios 4 millones de la moneda estadounidense en 2017. Es decir, más del 50% del dinero por un juicio que nunca se realizó.
