El diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN), presidirá la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, donde se cuestiona la asignación directa de recursos públicos. Un rol, cuya legitimidad podría ser objetada dado su vínculo familiar con el trato directo por más de $513 millones de pesos a una sociedad empresarial donde participa su esposa, Vania Korlaet.
Un caso de tratos directos que se llevó a cabo en 2020 en Antofagasta, durante la pandemia por covid-19, “complicaría” el rol del diputado José Miguel Castro (RN), como presidente de la comisión investigadora por el Caso Convenios.
Recordemos que el parlamentario dio a conocer el llamado Caso Fachadas que involucra al Gobierno Regional y a la Fundación Procultura.
Además, con la finalidad de extender la investigación del denominado Caso Convenios, e incluir los 7 traspasos de más de $1.000 millones desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo a la Fundación EnRed Social, Castro (RN) ofició a la Fiscalía de la región de Tarapacá.
No obstante, en la región de Antofagasta, la cual representa el legislador de oposición, se gestó otro caso de tratos directos, que puso en cuestionamiento la probidad y que podría poner en duda la legitimidad de Castro presidiendo la comisión.
Castro y tratos directos en Antofagasta
Se trata de los tratos directos por $513.128.000 entre la Seremi de Salud, dirigida entonces por Rossana Díaz (UDI) y el Hotel Altos del Sol. Este hotel pertenece al grupo empresarial Korlaet, muy conocido en la región de Antofagasta. La esposa del diputado José Miguel Castro, Vania Korlaet, integra una sociedad que controla un tercio del negocio.
Todo ello aconteció durante la pandemia por covid-19, específicamente entre el 25 de abril al 30 de junio de 2020, periodo en el cual, debido a la cuarentena, se vio especialmente afectada, entre muchas otras, la actividad turística en general y la industria hotelera en particular.
De allí, que este trato directo entre la Seremi y el grupo empresarial implicó un trascendental ingreso en un periodo donde el sector vivía un momento crítico.
La Contraloría estableció en su informe final de investigación, donde se concluye que a pesar de los elevados montos involucrados en la transacción, no hubo toma de razón, que se detectaron habitaciones no utilizadas por $96.866.000 e incumplimientos de los protocolos de las residencias sanitarias.
Luego, en su informe de seguimiento en 2021, quedó establecido que no se advirtió que la Seremi haya efectuado supervisiones en la residencia, que le permitiera validar el cumplimiento de los servicios contratados.
Caso Convenios
Es así que estamos nuevamente ante la asignación de recursos públicos de forma directa, como sucede en los casos Democracia Viva y Procultura, aunque con algunos matices. Por ejemplo, en el caso Democracia Viva se trata de una fundación, mientras que en el caso del grupo Korlaet se trata de una empresa privada.
Asimismo, en el caso Democracia Viva, el presidente de la fundación que recibió los recursos públicos es Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que en el caso de los recursos al hotel del grupo Korlaet se trata de una sociedad donde figura Vania Korlaet, la esposa del diputado José Miguel Castro.
Es precisamente este último quien señala que espera que la comisión investigadora tenga resultados antes del 18 de septiembre, lo cual es visto además por fuentes ligadas al ámbito político como una forma de “apretar al oficialismo”, manteniendo el caso en la agenda pública y los medios de comunicación durante todas las semanas previas a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y las Fiestas Patrias.
Castro aseguró que la prioridad será presentar antecedentes al Ministerio Público, apersonarse en regiones y entregar insumos a leyes para cambiar la forma de operar en todo el sistema público en cuanto a la discrecionalidad de los recursos.
La comisión estará integrada además por Juan Carlos Beltrán (RN); Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti (UDI); Chiara Barchiesi (REP); Rubén Oyarzo (PDG); Yovana Ahumada (ex PDG y actualmente parte del Comité Social Cristiano e Independientes) y Eric Aedo (DC).
Respecto a la asignación de recursos a hoteles, el Ministerio Público lleva adelante una investigación relacionada con el manejo de las residencias sanitarias en la que están querellados Jaime Mañalich, Enrique Paris, Arturo Zúñiga y Orlando Durán.
Diputado Castro: “Se están pegando manotazos de ahogado”
La diputada Ericka Ñanco (RD) aseguró que Castro debería inhabilitarse de presidir la comisión y, si no lo hace, presentarán una moción de censura en su contra.
Por su parte, Marcos Ilabaca (PS) le recomendó no sólo dejar la presidencia, sino abstenerse de participar en la comisión.
En conversación con Radio Bío Bío, el diputado Castro señaló que “aquí nunca fue como las fundaciones, que se entregaba la plata antes, y se prestó todo el servicio”.
“No se pago a tiempo y, por lo tanto, la empresa tuvo un juicio que terminó por pagarle a la empresa todo lo adeudado”, añadió
Además, indicó que todo fue en contexto de pandemia, donde “las residencias eran por trato directo”, y que se autodenunció a la Seremi correspondiente mediante un oficio.
“La Contraloría fue a visar todo el estado de ese hotel y jamás mi señora ha tenido un tercio de la participación de esas empresas. Ojalá lo tuviera”, agregó.
De acuerdo al diputado, sólo se están pegando “manotazos de ahogado” porque “no les gusta que haya una persona de la oposición que esté manejando esta comisión. Le tienen mucho miedo”.
