Con la finalidad de extender la investigación del denominado Caso Convenios, e incluir los 7 traspasos de más de $1.000 millones desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo a la Fundación EnRed Social, el diputado José Miguel Castro (RN) ofició a la Fiscalía de la región de Tarapacá.

El diputado por la región de Antofagasta José Miguel Castro (RN), ofició a la Fiscalía Regional por el traspaso de más de $1.000 millonesen un solo día– desde la Seremi de Vivienda en la zona a la Fundación EnRed Social.

Según informó Ex-Ante, el 8 de agosto de 2022, el -en ese entonces- seremi Francisco Javier Martínez autorizó traspasos a dicha organización, inscrita en septiembre de 2020, por un monto total de $1.060.619.263.

En detalle, los montos para “habilitación primaria” corresponden a $266.701.898, $175.238.822, $153.591.298, $149.778.580 y $81.808.665. Las dos restantes que contemplan el “diagnóstico territorial de campamentos” fueron montos de $181.000.000 y $52.500.000.

Lo anterior, en el marco de un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo llamado Asentamientos Precarios.

Ofician a Fiscalía de Tarapacá por traspasos a Fundación EnRed

A través de un oficio, el diputado RN José Miguel Castro solicitó extender la investigación del denominado Caso Convenios a la Fundación EnRed, “con el objetivo de despejar cualquier duda acerca de la eventual comisión de delitos contra la probidad funcionaria”.

“Si bien la fundación se erige como receptora de fondos públicos en el marco de un Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, destinado a la atención de necesidades en materia de vivienda, habitabilidad o urbanización, su giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos da cuenta de actividades de un orden diferente”, argumenta Castro.

Esto porque “según consta en la plataforma de Consulta de Situación Tributaria de Terceros, posee giro para actividades como FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES; Y ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P”.

Considerando lo anterior, el diputado afirma que existe un “patrón muy similar” a lo que ocurrió con la Fundación Democracia Viva en la región de Antofagasta y otras.

“Dejan en evidencia como personas jurídicas de constitución reciente y con giros absolutamente ajenos a la naturaleza del trabajo encomendado por el Estado”, concluye.

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