Como una medida para regular el borde costero de la región de Atacama, este lunes comenzó el desalojo de viviendas irregulares en los sectores de Barranquilla y El Pulpito, en la popular playa de Caldera.

Con letreros de terreno fiscal, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, subrayó que no permitirá más tomas. Y espera, hasta fines de febrero, desmantelar unas 100 viviendas.

El catastro regional del Ministerio registró 7.200 casas ilegales, entre las cuales hay “casas de veraneo”, como segunda vivienda, según consigna El Mercurio.

Así, el plan consta de cuatro pilares: la venta de terrenos, la oferta de paños vía licitación, el impulso de proyectos turísticos y el desalojo.

Se desmontarán aquellas construcciones que se encuentren en zonas de riesgo y aquellas que hayan sido levantadas después del 25 de junio de 2018, que es cuando venció el plazo para regularizar las instalaciones.

El desalojo implica, además del desarme del inmueble, retirar los cierres perimetrales e instalar señalética que indiquen que se trata de un terreno fiscal, lo que será financiado por la cartera y llevado a un sitio municipal. Allí el cobro se realizará después de 30 días a los dueños que lleguen a retirar.

Para ello, Bienes Nacionales tuvo que pedir una autorización a la Gobernación Provincial de Copiapó, para así contactar antes a los dueños de estas viviendas, que se han triplicado en los últimos cuatro años, según Ward.

“El proceso de regularización consiste en abrir una ventana de tiempo, de un plazo máximo de 15 meses, para que las personas constituyan personas jurídicas, se constituyan los macrolotes y los propios vecinos puedan garantizar con una boleta que van a poder urbanizar. Si son capaces de garantizar esa urbanización, se procede con la escritura y título de dominio”, explicó el ministro.

“Tendremos tolerancia cero con quienes pretendan tomarse un espacio que no les corresponde”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, respaldó las acciones para poner en valor el borde costero y recordó que Bahía Inglesa comenzó como una toma que demoró 40 años en urbanizarse.

Costos y desechos

La jefa comunal reveló que este mes se han retirado 1.200 toneladas de basura desde las tomas. Esto se explica porque en época estival, Caldera pasa de tener 17 mil vecinos, a 130 mil visitantes. Así, durante 2018 totalizó el retiro de 2.400 toneladas de deshechos.

El problema, dijo González, es que sólo el 30% de los residentes paga el derecho de recolección: ello significa una deuda municipal de $630 millones, informa el matutino.

Algo similar ocurre en Chañaral, donde la cantidad de basura se cuadruplica durante el verano, según afirmó el alcalde Raúl Salas.

Desde la Armada, el gobernador marítimo Roberto Alfaro sostuvo que se requiere aumentar la dotación de efectivos para resguardar la zona, al igual que Carabineros para mantener el orden en los asentamientos irregulares.