Drones del Ministerio de Bienes Nacionales sobrevolaron 2.225 hectáreas en el borde costero para realizar un catastro de ocupaciones ilegales en la región de Atacama. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, existe un preocupante aumento de tomas en terrenos fiscales.

“Se puede decir que la ocupación de propiedad fiscal del borde costero en las 20 localidades seleccionadas asciende, aproximadamente, a 498 hectáreas, con un número de ocupaciones estimadas de entre 6.600 y 7.300”, sostiene el ministro Felipe Ward.

Estas cifras todavía están en análisis para explicar la “delimitación de la superficie ocupada, estimación de la cantidad real de ocupantes y el estudio de los instrumentos de planificación territorial y elaboración de planos”, según explicó el titular de Bienes Nacionales.

Al comparar estas ocupaciones con los últimos datos del Ministerio, prácticamente se han triplicado, pues es 2014 se registraron 2.600 tomas.

“Las ocupaciones aumentaron y en algunos lugares lo hicieron de manera muy considerable. Se han generado nuevas ocupaciones y estas mayoritariamente se relacionan a segunda vivienda (lugares de vacaciones o recreación) y en un muy bajo número se trata de una vivienda permanente”, agregó el secretario de Estado.

La gran mayoría de estas construcciones son de material ligero y de baja calidad, también carecen de servicios sanitarios básicos como agua potable y/o alcantarillado. Se verificó, a través del catastro, la existencia de al menos 700 ocupaciones vinculadas a simples demarcaciones o cierres perimetrales.

Respecto a la información que maneja Techo-Chile, la región de Atacama suma 48 campamentos, reuniendo al 7,8% de las familias del país que viven en situación de precariedad.

En tanto, la seremi de Bienes Nacionales, Karla Guaita afirmó que la preocupación no sólo está en las ocupaciones ilegales, sino también en la planificación territorial del borde costero.

A su vez, Luis Aguirre, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Copiapó, sostuvo que el aumento de estos asentamientos produce daño medioambiental, afecta el turismo, impacta sobre los presupuestos comunales y responde a una falta de planificación urbana.

En ese contexto, la comuna de Caldera gastó más de $300 millones (un cuarto de su presupuesto anual de limpieza) en asear las playas y retirar la basura acumulada en su borde costero durante el último verano, según consigna El Mercurio.

Una vez terminados los análisis, el ministro Ward aseguró que se elaborará e implementará un plan de gestión para cada área cubierta por el catastro.