El próximo 21 de septiembre se cumplirán 40 años del atentado en Washington perpetrado por la DINA donde falleció el excanciller Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffit. Este martes, la justicia chilena dictó el procesamiento por la ciudadana estadounidense.
La asistente murió junto a Letelier en el vehículo donde los agentes de la dictadura instalaron una bomba, hecho ocurrido en 1976.
Si bien en 1995 se dictó la sentencia en Chile contra Manuel Contreras y Pedro Espinoza por este atentado, solo fue en calidad de autores intelectuales del homicidio del excanciller.
En octubre de 2015 y tras revelarse archivos de la CIA que confirmaban que el general Augusto Pinochet estuvo vinculado a la operación, el senador Juan Pablo Letelier interpuso una querella para continuar con la indagatoria.
El caso quedó en manos del ministro en visita Mario Carroza, quien este martes dictó los procesamientos por homicidio calificado de Ronnie Moffit contra los exagentes de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza, Armando Fernandez Larios y Michael Townley.
En conversación con Radio Bío Bío, el juez precisó que aún resta por identificar a otros presuntos responsables de la operación para perpetrar el atentado.
“Pensamos que podemos determinar, a lo mejor, alguna identificación de otras personas. Pero, por el momento, hemos querido hacer justicia en estos términos respecto de la ciudadana norteamericana y de aquellos que participaron en Chile. [La investigación] sigue abierta y buscamos otras responsabilidades“.
Juan Pablo Letelier fue informado por La Radio en Valparaíso y destacó el rol del ministro Carroza en estas investigaciones.
“El ministro Carroza ha persistido en la búsqueda de la verdad. Hace ya un tiempo, algunos de nosotros hemos procurado de que en nuestro país se haga justicia por el asesinato de Ronni Karpen Moffitt”, indicó el parlamentario.
Actualmente, el brigadier Espinoza se encuentra recluido en Punta Peuco, cumpliendo presidio perpetuo por el crimen del general Carlos Prats y otros casos de violaciones a los derechos humanos.
Los otros dos procesados, el norteamericano Michael Townley y el mayor Armando Fernández Larios, se acogieron al programa especial de testigos del gobierno de los Estados Unidos.
