Impugnar o seguir activos fuera del sistema: el futuro de partidos oficialistas disueltos por Servel

Son tres los partidos políticos oficialistas que figuran entre las colectividades que el Servicio Electoral (Servel) ordenó disolver por no cumplir con los requisitos legales tras las elecciones parlamentarias de 2025.

Hablamos del Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, que no lograron cumplir los requisitos que exige la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

La normativa exige a los partidos obtener al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o elegir un mínimo de cuatro parlamentarios en una misma elección para conservar su existencia legal.

Asimismo, dispone que aquellas colectividades que no alcancen ese umbral de votación podrán mantener su legalidad si, en esa elección, logran elegir al menos cuatro parlamentarios, ya sean diputados o senadores.

La Federación Regionalista Verde Social es una de las colectividades que anunció que apelará la resolución, buscando impugnar la resolución del Servel.

El diputado de la colectividad, Jaime Mulet, señaló que buscarán acreditar que el partido cumple con la representación parlamentaria exigida por la ley.

A su juicio, la tienda cumple el requisito legal al contar con cinco parlamentarios electos entre las elecciones más recientes y las de 2022, por lo que calificó como errónea la interpretación realizada por el Servel.

Por su parte, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, anunció que no apelarán a la resolución, al sostener que el humanismo no depende de la legalidad formal del sistema de partidos para existir.

El parlamentario aseguró que continuarán con sus actividades políticas y sociales aun sin inscripción oficial y que, más adelante, evaluarán si buscan volver a legalizarse como partido.

Asimismo, manifestó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno, al considerar que restringe la participación en lugar de fortalecer la democracia.

Desde el Partido Radical informaron que impugnaron la resolución que ordena su disolución, alegando falta de fundamentos y ausencia de antecedentes esenciales.

La colectividad destaca sus 162 años de historia y su respaldo ciudadano, con 158 concejales, 9 consejeros regionales, 14 alcaldes, 1 gobernador regional y dos diputadas electas.

Su defensa se fundamenta en principios constitucionales como el pluralismo político, el reconocimiento de los grupos intermedios y la prohibición de discriminaciones arbitrarias.