Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso detuvo temporalmente la solicitud de la Contraloría al Ministerio de Salud de datos detallados de menores trans atendidos en el PAIG, generando controversia por la privacidad de los pacientes. La Contraloría defiende su solicitud, asegurando protocolos de seguridad para proteger la información.
Un duro golpe sufrió la Contraloría General de la República. La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio orden de no innovar y detuvo provisoriamente los efectos del oficio enviado por el ente fiscalizador al Ministerio de Salud, en que solicitaba antecedentes detallados de menores de edad trans que hayan sido atendidos en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).
Esto, en medio de la polémica surgida por el requerimiento de datos sensibles de pacientes, muchos de ellos niños y adolescentes, que llevó, por ejemplo, a que uno de los usuarios presentara un recurso de protección.
Corte de Valparaíso frena solicitud de Contraloría por datos de pacientes trans
La problemática se originó a mediados de enero, cuando la Contraloría envió un oficio al Ministerio de Salud, en el que solicitó la entrega de datos personales de los usuarios del programa PAIG, en el marco de una auditoría sobre el uso de fondos públicos.
Fuentes de La Radio afirman que el objetivo del oficio es poder revisar que las prestaciones públicas efectivamente se ejecutaron, y para ello, se tiene que disponer de la identidad del supuesto beneficiario, asegurando que desde el anonimato, no es posible comprobar la correcta entrega del beneficio.
Además, la misma fuente señaló a este medio que, a su parecer, esta discusión se ha llevado de manera premeditada solo porque se trata de la comunidad trans, y que para otras auditorías que se han realizado anteriormente, por ejemplo para el terremoto de 2010 o los incendios de 2024, no hubo ningún reparo en torno a la solicitud de los datos que ahora han catalogado como delicados y reservados.
A pesar de esto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, afirmó que la Contraloría pasó los límites, asegurando que se trata de información privada de las personas.
“Hay privacidad en lo que acontece en cada paciente. “¿Por qué la Contraloría intenta ahora, sobre todo en un programa tan delicado como es el PAIG, pedir los datos de identidad de las personas? Eso es muy delicado”, dijo.
El abogado y académico de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, aseguró que debería primar el principio de la proporcionalidad y el deber de la armonización, asegurando que los datos tendrán que ser entregados, pero también protegidos, en caso de que realmente sean necesarios para comprobar el buen uso de los recursos públicos.
“Es decir, si los datos son indispensables para fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos, la Contraloría puede requerirlos, pero debe justificar su necesidad, limitar su alcance, resguardar la confidencialidad y, por último, evitar la difusión pública”.
Sobre esto último, desde la Contraloría General de la República señalaron que cuentan con sistemas y protocolos reforzados de seguridad para proteger la información confidencial. Además, aseguran que el manejo indebido de esta constituye una falta grave, que implica una sanción administrativa, civil y penal.
Ahora, con la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la investigación del órgano fiscalizador se encuentra pausada hasta nuevo aviso, y en el entretanto, la Ministra de Salud no podrá ser multada ni suspendida de su cargo por no entregar la información solicitada.
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