La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible un recurso de protección presentado contra la Contraloría General de la República (CGR) y su titular, Dorothy Pérez, a raíz de la solicitud de entrega de datos sensibles de niños, niñas y adolescentes trans al Ministerio de Salud (Minsal) en el marco de una auditoría sobre el uso de fondos públicos.
La acción judicial fue interpuesta por una persona usuaria del Programa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans del Minsal, quien sostuvo que “el requerimiento de la Contraloría vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y afecta su esfera íntima”, según reveló Informe Especial.
El tribunal de alzada estimó que el recurso cumple con los requisitos formales para analizar su fondo. No obstante, rechazó la orden de no innovar solicitada por el usuario, que buscaba suspender de inmediato los efectos del oficio emitido por Pérez.
En paralelo, de acuerdo al citado medio, la Corte notificó a la Contraloría y le ordenó evacuar un informe en el que deberá justificar por qué considera indispensable el acceso a datos sensibles para fiscalizar el correcto uso de recursos fiscales en programas de salud.
Solicitud de datos personales de niños trans
A mediados de enero, la Contraloría General de la República envió un oficio al Minsal solicitando antecedentes detallados de menores de edad atendidos en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), incluyendo RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, fechas de ingreso y egreso, hospital donde reciben atención y vigencia de las prestaciones.
El Ministerio de Salud rechazó inicialmente la entrega de dicha información, argumentando el carácter sensible y reservado de los datos.
Ante ello, la Contraloría reiteró su solicitud y advirtió que, de no cumplirse la orden, podría ejercer sus facultades para aplicar multas o incluso suspender del cargo a la autoridad responsable.
Las advertencias de la Defensoría de la Niñez por solicitud de datos
En ese contexto, la Defensoría de la Niñez tomó posición y ofició tanto a la Contraloría como al propio Minsal.
A la Contraloría le advirtió que, al requerir información sobre niños, niñas y adolescentes atendidos en el PAIG, debía aplicar el principio del interés superior del niño y estándares reforzados de protección de datos sensibles.
En un oficio reservado al que accedió BioBioChile, el defensor Anuar Quesille sostuvo que la entrega de antecedentes individualizados podría vulnerar la confidencialidad médica y la vida privada de los menores, por lo que recomendó privilegiar información anonimizada y limitar el tratamiento de datos personales salvo habilitación legal expresa:
Extracto oficio Defensoría de la Niñez
“En relación a la información requerida por parte de la Contraloría General de la República respecto de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (…) la solicitud de identificación o individualización de dichas personas comprende antecedentes vinculados a su salud, identidad de género y procesos de acompañamiento clínico y psicosocial, los que constituyen datos personales y sensibles (…) La cesión, transferencia o tratamiento de este tipo de información conlleva riesgos relevantes de vulneración de derechos fundamentales”.
En un oficio paralelo dirigido al Ministerio de Salud, el organismo reiteró que cualquier tratamiento o transferencia de datos de los menores debe ajustarse al interés superior del niño y a los estándares reforzados de protección de datos personales y sensibles, subrayando que incluso en el ejercicio de potestades fiscalizadoras los órganos del Estado deben evitar injerencias que puedan afectar la vida privada, la salud y la identidad de género de los NNA.
Con este antecedente de fondo, un usuario de los programas trans del Minsal interpuso un recurso de protección contra la Contraloría y su titular. Este es el que ahora la Corte de San Miguel acogió a trámite, abriendo un debate judicial sobre el alcance de la fiscalización y los límites en el tratamiento de datos sensibles de menores trans.
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