La Corte Suprema le corrió el cerrojo a la puerta: el exfiscal Manuel Guerra no quedó blindado y ahora tendrá que dar explicaciones ante la justicia, en una investigación que lo vincula al Caso Hermosilla y que amenaza con transformarse en uno de los capítulos más incómodos para el Ministerio Público de los últimos años.
El máximo tribunal confirmó este miércoles la admisibilidad de la querella de capítulos contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, y que, por lo tanto, sí existe mérito para investigarlo penalmente por hechos ocurridos mientras ejercía el cargo entre 2015 y 2021.
Con esta decisión, se mantiene vigente la autorización para que el Ministerio Público siga adelante con una indagatoria en su contra por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de reiterados y asociados a su vínculo con el abogado Luis Hermosilla.
Suprema declara admisible querella de capítulos contra Manuel Guerra
El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó una resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada el 2 de enero de 2026, que ya había estimado que los antecedentes presentados por la Fiscalía eran suficientemente serios y verosímiles para permitir la persecución penal.
En simple, la Suprema avaló que el caso pueda continuar su curso judicial.
Este filtro previo se conoce como querella de capítulos, un mecanismo especial que debe autorizarse cuando se pretende investigar penalmente a ciertos funcionarios de alto rango —como fiscales— por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La querella fue presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, quien imputó a Guerra los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.
Según el Ministerio Público, el exfiscal habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla Osorio distintos beneficios personales y para terceros, aprovechando su posición.
Entre los hechos descritos por la Fiscalía se encuentran gestiones para conseguir reuniones privadas con altas autoridades del Ejecutivo, incluido el expresidente Sebastián Piñera, la intermediación para una eventual designación de Guerra como consejero del Consejo de Defensa del Estado, solicitudes de apoyo para trabajos en el ámbito privado y académico, y gestiones en favor de terceros, como el fiscal adjunto Tufit Budafel —imputado en una causa penal— y la recomendación de Patricia Manríquez Huerta para una notaría.
Además, la querella sostiene que Guerra habría entregado información reservada de investigaciones penales a terceros ajenos a los procesos, adoptado decisiones procesales cuestionadas —como reformalizaciones, salidas alternativas o exclusión de hechos— y conducido personalmente causas sensibles prescindiendo de equipos técnicos.
Estas actuaciones se habrían dado en investigaciones de alto impacto, como los casos Penta, Iván Moreira, Exalmar-Dominga, Manuel José Ossandón, el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, la Municipalidad de Vitacura y la Operación Huracán, entre otras.
Corte desestima argumentos de la defensa del exfiscal
La defensa de Manuel Guerra apeló ante la Corte Suprema buscando revertir esa decisión. Alegó, entre otros puntos, que el estándar aplicado fue demasiado laxo, que el fallo carecía de fundamentación suficiente, que parte de las comunicaciones habrían sido obtenidas irregularmente, que no existieron beneficios indebidos y que sus decisiones como fiscal estaban jurídicamente justificadas y validadas por tribunales.
También planteó que los hechos estarían prescritos por haber ocurrido antes de 2018.
Sin embargo, la Corte Suprema desestimó esos argumentos, señalando que tales discusiones deben resolverse en la investigación y eventual juicio de fondo, y no en este antejuicio de admisibilidad.
Tras el fallo, el abogado defensor de Guerra, Felipe Polanco, criticó el criterio de la Suprema:
“Como defensores penales de Manuel Guerra Fuenzalida, naturalmente, no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos imputados por el Ministerio Público y finalmente parece hacer un examen puramente formal respecto de las declaraciones o imputaciones efectuadas por el Ministerio Público, sin hacerse cargo de ninguna de las profundas alegaciones de la defensa”.
Añadió que “estamos confiados que cuando llegue el momento, se puedan hacer cargo de estas alegaciones para acreditar finalmente que Manuel Guerra no ha participado en esos ilícitos”.
Con la confirmación de la Corte Suprema, la causa seguirá su tramitación en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En las próximas etapas, la Fiscalía podría citar a Guerra a declarar como imputado y solicitar su formalización, antes de definir si el caso avanza o no hacia un eventual juicio oral.
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