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La realidad ha demostrado que las condenas verbales ya no son suficientes y que la ausencia de rendición de cuentas solo refuerza la consolidación de hechos ilegales sobre el terreno.
El domingo 8 de febrero de 2026, el denominado “gabinete de seguridad” israelí aprobó un conjunto de medidas que aceleran la expansión ilegal de asentamientos en la Cisjordania ocupada y promueven políticas para reforzar la anexión de facto de tierras palestinas mediante modificaciones en los sistemas de registro de tierras, planificación y aplicación normativa, en contravención del derecho de la ocupación.
El ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha declarado públicamente que el objetivo es “profundizar nuestras raíces en todas las regiones de la Tierra de Israel y enterrar la idea de un Estado palestino”.
Las medidas recientemente adoptadas introducen cambios significativos de carácter jurídico, administrativo y territorial, con amplias implicaciones para los derechos de propiedad palestinos, la autoridad municipal y los acuerdos existentes.
Estas medidas eliminan restricciones históricas sobre las transacciones de tierras, levantan prohibiciones que impedían a colonos israelíes privados adquirir tierras y suprimen ciertos requisitos de aprobación para ventas inmobiliarias, lo que permite una ampliación en la adquisición de tierras palestinas por parte de colonos.
Estas facultades permiten a las autoridades israelíes aumentar las demoliciones de viviendas e infraestructuras palestinas, facilitando la expansión de colonias de asentamientos “exclusivas para judíos” en tierras confiscadas.
Bajo la misma lógica de anexión, se ha transferido la autoridad sobre los permisos de edificación en Hebrón —incluida la Mezquita Ibrahimi— desde su municipio hacia la “Administración Civil israelí”. Esta medida no solo facilita la expansión de asentamientos, sino que desmantela el Acuerdo de Hebrón de 1997.
Un patrón idéntico amenaza a Belén con la segregación de la Mezquita Bilal bin Rabah y su traspaso a una “Dirección de Autoridad Local”, consolidando lo que en la práctica es una anexión de facto y una soberanía impuesta por la potencia ocupante.
Las autoridades israelíes buscan ampliar las medidas de aplicación y el control administrativo hacia las Áreas A y B, designadas bajo jurisdicción civil palestina en virtud del Acuerdo de Oslo II, bajo pretextos vagos como la protección del patrimonio, la arqueología, preocupaciones ambientales y la regulación del agua.
Estos acontecimientos generan serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional respecto al estatus del Territorio Palestino Ocupado y las obligaciones de la potencia ocupante. En virtud del derecho internacional, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, sigue siendo territorio ocupado, y cualquier intento unilateral de alterar su estatus jurídico carece de efecto legal.
Los actos de la potencia ocupante configuran un posible incumplimiento de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al extender las facultades de ejecución de la denominada Administración Civil israelí hacia las Áreas A y B, socavando así la distribución de competencias acordada. Estas medidas se consideran como una afectación directa al derecho del pueblo palestino a la libre determinación -una norma imperativa del derecho internacional- al fragmentar el territorio, debilitar las estructuras de gobernanza y erosionar la integridad territorial necesaria para la viabilidad de un Estado Palestino.
El Estado de Palestina sostiene que Israel no tiene soberanía sobre ninguna parte del territorio ocupado y carece de autoridad para modificar o sustituir las leyes que forman parte del sistema jurídico palestino.
La prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza sigue siendo un pilar fundamental del derecho internacional, consagrado en el artículo 2, n.º 4 de la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado por las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), 338 (1973) y 2334 (2016), que establecen que los asentamientos israelíes carecen de validez jurídica. En su Opinión Consultiva de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y debe finalizar lo antes posible.
Este rechazo ya ha comenzado a resonar con firmeza en la arena internacional. Naciones Unidas, a través de su Secretaría General, ha manifestado una profunda preocupación recordando que estos asentamientos carecen de validez legal, una postura compartida por la Unión Europea, que califica estas medidas como un paso que aleja cualquier posibilidad de paz regional.
Países como España han sido categóricos al señalar que estas acciones amenazan seriamente la viabilidad de la solución de dos estados, mientras que el Reino Unido ha tildado de inaceptable cualquier intento de alterar la demografía y geografía del territorio. Incluso la administración de los Estados Unidos ha reiterado su oposición a la anexión, describiendo estas medidas como una provocación política.
En la región, el Bloque Árabe-Islámico y la Organización para la Cooperación Islámica han emitido condenas enérgicas contra lo que consideran una imposición de soberanía ilegal que viola sistemáticamente las resoluciones de la ONU.
Tras 77 años de la Nakba palestina, décadas de ocupación desde 1967 y dos años de una destrucción sin precedentes que ha devastado vidas y ciudades enteras en Gaza. Hoy, las decisiones unilaterales de la potencia ocupante continúan sus políticas anexionistas y prácticas militares ilegales sin un freno real, amparada en la incapacidad de la comunidad internacional para pasar de las declaraciones a acciones concretas.
La realidad ha demostrado que las condenas verbales ya no son suficientes y que la ausencia de rendición de cuentas solo refuerza la consolidación de hechos ilegales sobre el terreno. Las vidas y los derechos del pueblo palestino no son negociables ni aplazables; cualquier silencio o vacilación adicional equivale, en la práctica, a permitir la continuación de las violaciones y a socavar los principios fundamentales del derecho internacional y de una paz justa.
