En la segunda jornada de formalización de los cinco nuevos imputados que fueron detenidos este viernes por el caso ProCultura, la renuncia de Mario Valenzuela, abogado defensor de María Teresa Abusleme, marcó el día, ya que incluso se evaluó que la jornada fuera suspendida. Sin embargo, se decidió continuar con la audiencia.
En ese sentido, y siguiendo con la formalización que inició esté sábado en relación al programa de prevención del suicidio de la fundación ProCultura y que significó un traspaso de 1.600 millones de pesos, el ahora exabogado de Abusleme, aseguró que dejó la defensa por problemas familiares.
A raíz de esta situación, el juez Patricio Álvarez analizó junto a las partes la factibilidad de continuar adecuadamente con el proceso durante la jornada de hoy, considerando que la Defensoría Penal Pública debería asumir la defensa de Abusleme. Cuestión que fue tomada en cuenta por el juez y conversada con las partes, quienes acordaron continuar con la audiencia con defensores penales públicos.
Medidas cautelares
Cabe recordar que durante la jornada de ayer cuatro de los cinco imputados, entre los que están Alberto Larraín, cofundador del ONG; Constanza Gómez, representante legal de Procultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la Fundación; y Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore Metropolitano; quedaron con la medida transitoria de prisión preventiva mientras dure la audiencia, a la espera de medidas cautelares definitivas. En tanto, Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el Gore Metropolitano para vincularse con ProCultura, quedó con las medidas cautelares no transitorias de arresto domiciliario total y arraigo nacional, debido a su menor grado de responsabilidad en los hechos y que su defensa no se opuso a dichas medidas.
En ese sentido, el abogado defensor de Gabriel Prado, Alfonso Prado, explicó que “el Ministerio Público es quien dirige la investigación y en el fondo él tiene que determinar los hechos y esclarecerlos. Una vez formalizado, revisando la carpeta, se van a poder ver bien los antecedentes. Derechamente (Gabriel Prado) tiene una participación distinta a los ilícitos que investiga el Ministerio Público”.
“La formalización se establece con hechos del año 2022 y en el caso de mi representado aparece con situaciones contratadas del año 2023. Entonces, incluso el Ministerio Fiscal habla de remuneraciones. Entonces hay que ver cómo continuó la investigación del Ministerio”, argumentó.
Respecto a la jornada de este domingo, la audiencia comenzó después de la renuncia del abogado con la intervención del Ministerio Público que busca exponer los antecedentes y convencer al tribunal de que cuatro de los imputados queden en prisión preventiva. En esa línea, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, reiteró que insistirán en esta medida cautelar para los cuatro acusados.
“Este abogado querellante va a solicitar respecto a los cuatro formalizados la prisión preventiva. Entendemos que se dan todos los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal para ello. En esta etapa procesal y el delito de fraude al fisco se encuentra, a nuestro entender, ya acreditado respecto a los estándares que se solicitan”, advirtió.
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