El mar chileno como souvenir

Preocupación parece haber causado en el gobierno la intempestiva postulación de la ciudad china de Xiamen para acoger la “Secretaría” de la llamada “Convención de Alta Mar” (BBNJ por su sigla en inglés). Chile fue el primer país en ratificar ese instrumento multilateral.

A diferencia de la Ley/Estatuto Antártico -que durante años de trámites sufrió repetidas postergaciones y, solo in extremis, fue aprobada ante la inminencia de que el Senado Argentino aprobara una ley sobre plataforma continental que incluye cientos de miles de kms2 de territorio de la Región de Magallanes- en este caso bastaron menos de dos años desde la firma del Tratado de Alta Mar hasta que, tan temprano como enero de 2024, el Senado aprobara el texto “por unanimidad”. Este mes el tratado entró en vigor en Chile.

Se sabe que al interior de la Cancillería llamaron la atención una serie de aspectos complejos del BBNJ, especialmente en materia de potencial sobreposición de partes de su articulado sobre otros regímenes jurídicos, por ejemplo, aquellos construidos durante décadas de trabajo en organizaciones regionales de pesca. También, el régimen de la Autoridad de los Fondos Marinos que regula, entre otros aspectos, la minería submarina.

Pese a todo, las actuales autoridades decidieron omitir estos inconvenientes, y optaron por hacer lo necesario para convencer al Congreso de que este tratado es “bueno y conveniente” para el interés del país.

Otros expertos han agregado que no existe claridad (ni consenso) respecto de la forma en la que cada país aplicará aspectos centrales del acuerdo, por ejemplo, los relativos a los impactos ambientales en Alta Mar. Han recordado la diversidad de sistemas legales imperantes en el mundo, y las dispares capacidades que cada país posee para determinar tales impactos.

Los mismos expertos no descartan que, en la práctica, la implementación de la BBNJ termine, como el régimen sobre plataforma continental de la Convención del Mar, generando más disputas que soluciones.

Aun así, el gobierno y el Congreso aprobaron en tiempo récord este tratado multilateral, a diferencia de otros Estados costeros que, como Perú y Argentina, son importantes para nosotros. No es seguro que esos países terminen adoptando el BBNJ. Por lo pronto, en Argentina el debate ya está en marcha. En Chile ¿faltó debate y análisis?

La instrumentalización de Valparaíso por el multilateralismo criollo

Además de las “ansias por salvar al planeta” que inspira a políticos y funcionarios, una razón para la premura de la adhesión chilena radica en la mencionada candidatura de Valparaíso a acoger la “Secretaría del Tratado de Alta Mar”. El respectivo “Bid-Book” presenta una imagen edulcorada de esa querida ciudad, hoy una sombra de la urbe gallarda que fue hasta mediados del siglo pasado.

Según el índice de “pobreza multisectorial” de la encuesta CASEN, en 2022 el 19,1% de los habitantes de la ciudad de Valparaíso tenían esa categoría: “pobres multisectorialmente”. Ello frente a, por ejemplo, el 10,6% de Talcahuano o el 14,2% de San Antonio. Según la misma fuente, en 2022 el promedio de la “pobreza multisectorial” en el conjunto del país fue de 16,1%, tres puntos menos que la de nuestro querido “Pancho”.

Otras encuestas señalan que más de la mitad de sus comerciantes consideran que la ciudad es “poco segura”. También se sabe que compañías de cruceros evitan desembarcar a sus pasajeros en “el puerto”.

Aun así, la propuesta chilena para acoger la Secretaría de la BBNJ se focaliza en “un proyecto inmobiliario” en el sector Barón (parecido al edificio de 2,5 hectáreas que debería acoger un “Centro Antártico Internacional” en Punta Arenas), al ingreso de la ciudad (viniendo desde Viña del Mar), sobre el borde costero (que antes debía acoger un conjunto de “malls”) y, en los hechos, de espalda a los porteños. Una suerte de “ghetto” para funcionarios internacionales que, con seguridad, no vivirían en “los cerros de Valparaíso”, sino en “condos” de Reñaca o Concón.

Convendría conocer quién costearía esas obras, y qué otras inversiones fiscales son exigibles para “hacer realidad este sueño”.

Baste recordar que “la reconstrucción de Valparaíso” es un proyecto antiguo, al cual, incluso, se vinculó el traslado del Congreso como catalizador del desarrollo social y económico del “puerto”. Pasadas más de tres décadas, seguimos esperando. De los 155 diputados y 50 senadores ¿cuántos viven en Valparaíso?

Con todo, para el interés del país, el aspecto más complejo de la BBNJ parece estar en su superposición con la normativa del Sistema del Tratado Antártico. Se trata de un asunto que nuestra “diplomacia silenciosa” parece no haber querido “compartir” con el Congreso.

Territorio “para el selfie”

Si los objetivos de la BBNJ son trascendentes (no solo importantes), los mismos pueden ser “interpretados” para extender al máximo la extensión del océano global a declarar “patrimonio de la humanidad”. Desde esta óptica, se trata de un “fin esencialmente geopolítico” impulsado por funcionarios internacionales (y políticos con aspiraciones llegar a serlo), todos reacios a aceptar que, en definitiva, esa no es una solución aceptable para muchas potencias con grandes interese marítimos.

Algunas, como China, con intereses pesqueros globales (incluidas aguas del Pacífico Sudeste y la Antártica) parecerían interesadas en controlar “desde dentro” la aplicación del Tratado, lo cual permite avizorar nuevas disputas territoriales.

En caso de la Antártica, hay que recordar que su normativa se aplica no solo al sur del paralelo 60 sur (i.e., área que enfrenta a la Península Antártica), sino también en espacios al norte de dicha latitud en las que -como en el sector de las islas Georgia del Sur o Kerguelen-, se realizan faenas pesqueras de importancia para diversos países, incluido el nuestro.

Desde hace tiempo una forma de “intervenir” esos sectores es aquella de las “áreas marítimas protegidas” que ahora, al amparo de la BBNJ, se pueden extender a espacios más allá de la jurisdicción de los países. Esto, como indico, afectaría las actividades pesqueras de innumerables países, con el resultado de incorporar regiones marítimas hoy no afectadas por ningún conflicto al catálogo de inestabilidades de un sistema internacional hoy sometido a un estrés extremo.

Por ahora la pugnacidad en el Mar Austral Circumpolar es reducida, pero está por verse por cuanto tiempo más el exceso de regulaciones permitirá que el estatus quo se mantenga.

Superar la abstracción internacionalista

En el caso chileno, el BBNJ y la hipotética radicación de su Secretaría en Valparaíso, pretende ser “un logro” de la diplomacia del “gobierno Boric”. Es notable que, pese a lo señalado más arriba, sin la reflexión previa exigible, el conjunto de la clase política estuviera de acuerdo con esto.

Es claro que, para el liberalismo internacionalista criollo, que respalda la rápida implementación del Tratado de Alta Mar, nuestros espacios marítimos son, como el resto de nuestro territorio y sus recursos (i.e. el Campo de Hielo Sur) carecen de “forma material”. Son el insumo de su auto-convicción requiere para, como los héroes de los comics anglosajones, “todos los días salvar al mundo”.

Por lo mismo, a la actual “diplomacia silenciosa” el impacto que, altamente probable, produzca el Tratado de Alta Mar sobre el modus vivendi antártico, en los hechos “le preocupa menos”. Para sus huestes la defensa del territorio y sus recursos es un “resabio de la dictadura” (no les gusta la expresión “problema geopolítico”), nunca un asunto de importancia material para el presente y futuro de Chile.

Dicho lo anterior, es clara la necesidad de que -al margen de la suerte de la postulación de Valparaíso- el próximo gobierno otorgue una “nueva lectura” al “Tratado de Alta Mar”.

En esto hay que tener en cuenta que, si bien al ratificarlo, Chile hizo una “declaración” estableciendo su interés en que el articulado no afecte otros regímenes jurídicos (como aquel que gobierna a la Antártica), lo concreto es que solo se trata de una “declaración”. Ocurre que el propio texto del BBNJ prohíbe las “reservas” (“precisiones de interpretación” con importancia jurídica que pueden hacer los Estados al momento de ratificar un tratado internacional).

También será necesario entender que la cuestión del Tratado de Alta Mar “es uno” entre varios “temas territoriales no resueltos”, que el actual gobierno le dejará al próximo.

Si, con “espíritu territorialista”, este último quisiera resolverlos, lo razonable es que, para adoptar políticas diseñadas para enfrentar y resolver disputas y problemas estructurales heredados, es fundamental que se consulte la opinión de un abanico más extenso de opiniones y, también, la opinión que sobre estas materias existe en el sector privado (usuario esencial de nuestro territorio marítimo).

Este último es, además, el principal productor de datos e información científica, la cual debería ser conocida, apreciada y considerada por el nivel de toma de decisiones. Eso aseguraría que el interés real del conjunto del país no quedará a merced del “querer ser” interesado de grupos muy pequeños, para quienes el Mar Chileno, con sus componentes Pacífico y Austral, no es sino un “fondo de pantalla”, decoración para un “selfie”, una “imagen” de una presentación “power point”, o un “souvenir de regalo” para llevar a reuniones internacionales.