A comienzos de diciembre pasado, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó a 17 años de cárcel al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa. Quien fuera el líder de la policía civil desde 2018 a 2021 fue hallado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
El expolicía ha permanecido recluido en prisión preventiva desde donde se resiste a cumplir su condena y el pago de $160 millones en multa. Por ello, su defensa, el abogado Marcelo Torres, incurrió hasta la Corte Suprema con el objetivo de revertir la sentencia y que se repita el juicio ante un nuevo tribunal.
Esto, a través de un recurso de nulidad ingresado por Torres los primeros días de enero y que se ha mantenido bajo estricta reserva, a la espera de que el máximo tribunal examine el caso.
Cabe señalar que este requerimiento se suma al frustrado intento de Espinosa para revertir la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra. Pese a que ha incurrido tanto a la Corte de Apelaciones de Santiago como al máximo tribunal, el exdirector no ha logrado revertirlo.
Antes de cumplirse el plazo, el abogado Marcelo Torres ingresó el recurso de nulidad ante el máximo tribunal. En la solicitud, el defensor solicitó la nulidad tanto de la sentencia como del juicio de Espinosa.
En específico, Torres afirmó que en el juicio y sentencia del caso, se incurrió en infracciones a las garantías constitucionales y en errores en la aplicación del derecho.
En el escrito, se indica que durante la indagatoria realizada por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente no se indagó correctamente su patrimonio, por lo que no se justificó debidamente el origen de los recursos económicos. Lo que, a su juicio, llevaría a considerar que parte de estos recursos provienen de los gastos reservados de la PDI.
Luego de la presentación del recurso de nulidad, la Corte Suprema resolvió que debía ser analizado por el máximo tribunal y no por la Corte de Apelaciones de Santiago.
De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema dio curso a la tramitación del caso para el próximo 2 de febrero.
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